Esta mañana, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, confirmó que el proceso está a cargo de la Dirección Nacional de Transparencia y que ya inició.
Sin embargo, aclaró que la investigación no será a la sentencia del juez, sino a posibles irregularidades de comportamiento en el tratamiento de la causa, que podría incurrir en sanciones disciplinarias.
El viernes, Espinel y otros siete procesados fueron declarados inocentes del delito de peculado. La Fiscalía lo acusó de realizar contratos de prestación de servicios entre el IESS y clínicas privadas por un monto de 123.852 dólares.
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Pero el Tribunal no halló elementos para declararlos responsables de la infracción.
Maldonado indicó que la institución tiene la facultad de iniciar procesos de investigación administrativos a cualquier juez de oficio, pero que esto no implica revisar el contenido del fallo. “Somos respetuosos del principio de independencia”, dijo, pero recalcó que no permitirán corrupción e impunidad.
Posición de Fiscalía
Por su parte, la fiscal general (e), Ruth Palacios, indicó que revisarán la actuación del fiscal del caso para determinar si actuó en función de los elementos del expediente. Para esto, solicitó un informe al fiscal, que era nuevo en el caso y que reemplazó a un compañero que estaba enfermo.
“Estamos en una investigación para saber qué pasó. Tenemos la finalidad de no meternos en el criterio de los fiscales, sino únicamente vemos que haya cumplido con su trabajo y lo haya hecho de la manera más eficiente posible”.
Además, dijo que de encontrar alguna falla, se establecerán las “medidas que ameriten”. De lo contrario, se presentará la apelación a la decisión de los jueces.
Fuente: La Hora – Nota original: LINK
