Este lunes se notificó a las partes involucradas sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha que decidió aceptar la «demanda de lesividad» interpuesta por la Cancillería ecuatoriana con el argumento de que hubo una serie de irregularidades e incumplimiento de requisitos legales durante el proceso de naturalización de Assange como ciudadano ecuatoriano.
La sentencia del Tribunal, publicada por la Función Judicial de Ecuador, señala que se «ratifica la nulidad de la resolución mediante la cual se concedió la naturalización a favor del señor Julian Paul Assange».
Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, dijo a CNN que apelará esta resolución del tribunal pues considera que no tuvo un legítimo derecho a la defensa.
«Puede haber cantidad de irregularidades, pero otórguenle el derecho a defenderse; es lo que hemos pedido», enfatizó Poveda.
Además, Poveda indicó que Assange podía ser citado vía telemática en coordinación con las autoridades.
En 2019 y tras casi siete años de asilo en la embajada de Ecuador en Londres, el gobierno ecuatoriano puso fin a ese estatus para Assange y entregó al australiano a las autoridades británicas.
Ese mismo día, la Cancillería ecuatoriana determinó que la concesión de la nacionalidad a Assange constituyó un «acto administrativo lesivo» y suspendió los efectos de su naturalización, pero no el retiro de la nacionalidad, que es lo que acaba de resolver el Tribunal Contencioso Administrativo con su sentencia.
En un informe de 2019, la Contraloría General de Ecuador estableció que hubo inconsistencias e irregularidades en el proceso de otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a Assange. Otro informe que detalla las irregularidades también fue presentado por la Cancillería ante la Asamblea Nacional el mismo día en que Assange salió de la embajada.
Ese mismo año, durante un proceso de juicio político en su contra, la entonces canciller María Fernanda Espinosa explicó al Parlamento que el presidente Lenín Moreno «tenía pleno conocimiento del proceso» y que ella respondió a las directrices de Moreno, quien supervisó y autorizó la decisión.
Moreno, por su parte, dijo que no fue su decisión y que respetaba lo actuado por la excanciller.
Estados Unidos solicitó la extradición de Assange al país para que responda por los cargos de acuerdo con la Ley de Espionaje por su rol al recibir y publicar información relacionada a la seguridad nacional. En enero de 2021, una jueza británica rechazó el pedido de Estados Unidos para extraditar a Assange por considerar que sería opresivo para su salud mental.
Nota Original: CNN – LINK