Forcadell está acusada de formar parte esencial del engranaje independentista catalán que el 27 de octubre declaró la desconexión unilateral de España.
A diferencia de sus ocho compañeros del Govern que siguen en prisión incondicional desde hace una semana, la todavía presidenta de la Cámara legislativa de Cataluña varió su declaración en el largo interrogatorio al que fue sometida por el juez para “acatar la Constitución y renunciar a cualquier acción unilateral” de ahora en adelante. Así lo describe el auto del magistrado que instruye su causa, Pablo Llarena, quien dio por buena su respuesta para dejar en agua de borrajas la petición de “prisión incondicional” que la fiscalía pedía para ella y para los cinco miembros de la mesa del Parlament encausados.
Aunque ya se esperaba un dictamen menos lesivo para la presidenta del Parlament y sus cinco compañeros de mesa que el que escucharon sus miembros del Govern en la Audiencia Nacional, esta decisión deja en evidencia las diferencias de criterio mostradas por la judicatura española a la hora de aplicar medidas cautelares sobre un delito idéntico como es el de “sedición”. Pese a las críticas, el gobierno español consideró “aceptable y lógico” el auto contra Forcadell y no observa discrepancias alguna con el que mantiene en la cárcel a Oriol Junqueras y siete consejeros del Govern.
“El testimonio de la imputada y el de los otros cinco miembros de la mesa demuestra que su decisión es volver al orden constitucional y hay una renuncia expresa a tomar decisiones unilaterales que vulneren las leyes”, señaló el portavoz Íñigo Méndez de Vigo a la conclusión del Consejo de ministros. Sin embargo, este hecho ha empujado a la defensa de Junqueras a pedir el traslado de su causa desde la Audiencia Nacional donde se encuentra al TS, tras constatar que es menos duro en la aplicación de criterios que favorezcan su puesta en libertad.
Pero la probabilidad de que tenga éxito es mínima ya que el TS sólo juzga casos contra cargos públicos protegidos por un régimen judicial especial, una condición que los miembros del ejecutivo catalán perdieron al ser cesados en aplicación del polémico artículo 155 que suspendía la autonomía.
El único recurso que les queda es solicitar un cambio de juez, algo que, según avanzaron desde la puerta de los juzgados, “ya hemos solicitado”. Lo que parece indudable es que la decisión de permitir el pago de una fianza a una persona tan emblemática para el independentismo catalán como Carme Forcadell ha sido un alivio para el ejecutivo de Mariano Rajoy.
La presión interna y externa a la que está expuesto desde hace una semana, en parte por una supuesta injerencia del gobierno en las decisiones judiciales, amenazaban con convertir su estrategia en Cataluña en un auténtico conflicto internacional.
Pese al oxígeno que le ha reportado ver como la mesa del Parlament ha regresado ya a Barcelona, Rajoy sigue a la espera de una resolución favorable para la extradición desde Bélgica del ex president Carles Puigdemont. El líder independentista continúa personificando la resistencia independentista en Bruselas.
Ayer, expuso la necesidad de que los partidos soberanistas concurran unidos, con él de candidato, en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Para mostrar su repulsa contra lo que lo considera una persecución política sin precedentes en Europa, Puigdemont también pidió el máximo apoyo a la manifestación convocada hoy en Barcelona por la Asamblea Nacional Catalana y el Òmnium cultural, las dos organizaciones sociales que han liderado este proceso.
El objetivo es congregar al mayor número de personas y convertir el acto en el más numeroso de cuantos se han celebrado hasta la fecha. El lema de la protesta será “Libertad para los presos políticos”, algo complicado en estos momentos.
Fuente: El Telégrafo
