Paul Jácome, presidente de la Mesa, aseguró que el informe revela la existencia de Estado autoritario, que se valió de la propaganda y del sistema de justicia para alcanzar el objetivo de disciplinar a la sociedad. Jácome asegura que los hechos que siguieron a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 revelaron el verdadero rostro autoritario del entonces presidente Correa.
El presidente de la Mesa lamentó la ausencia de las autoridades del CJ al evento al que si fueron invitados. Pese a ello, aclaró que irán hasta la sede de esa institución para entregar el informe y solicitarán que se les tome en cuenta como parte de la veeduría ciudadana para la evaluación de jueces y fiscales, anunciada ayer por la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado.
Según Jácome, al menos 495 jueces, conjueces y fiscales, que habrían tenido actuaciones irregulares en los casos analizados, han sido denunciados administrativamente en el CJ. De ellos, cerca de 14, entre jueces y conjueces, serían parte de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Por su parte, la exvocal del CJ transitorio, Angélica Porras, quien respaldó desde esa institución la construcción del informe, confirma que si existió persecución política en la década pasada y la misma fue sistemática y estructurada. Lamentó el papel que tuvo el sistema de justicia en las violaciones del debido proceso y los casos plagados de inconstitucionales.
Porras cree que debe existir una segunda parte de este trabajo, pues un número significativo de casos no pudieron entrar en esta primera fase por no llenar los formularios exigidos para ser parte de este análisis.
La exvocal sostiene que el nuevo CJ debe seguir con la investigación de este informe y sobre todos dar continuidad a la serie de casos con irregularidades que ya iniciaron su proceso administrativo de análisis. Para ello es importante llegar a saber a ciencia cierta si existieron o no violaciones en los debidos procesos.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
