La única reforma que ha logrado pasar en la Asamblea el Gobierno de Guillermo Lasso se ha convertido en la próxima presa de la llamada ‘nueva mayoría’ de oposición.
Se trata de la reforma tributaria, que entró por el ministerio de la ley a finales de 2021, y que podría ser derogada, en un momento complicado en la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo.
Aunque ambas funciones hablan de una intención de diálogo, la situación dentro del Legislativo demuestra que el ambiente sigue siendo hostil para el Ejecutivo.
El trámite de la derogatoria de la reforma tributaria evidencia las tensiones. El primer debate comenzó el 9 de agosto de 2022, y tal es la prioridad que le da la mayoría opositora, que no interpuso ningún cambio del orden del día en la sesión, esto para acelerar el proceso.
El informe de primer debate contiene solo un artículo: la derogatoria del decreto-ley de la reforma tributaria. Y el argumento para hacerlo es que la Asamblea sí podría derogar impuestos cuando estos hayan entrado en vigencia por el ministerio de la ley.
La Constitución dice que sólo el Presidente podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos.
Sin embargo, la misma Constitución dice, sobre los proyectos económicos urgentes que entren por el ministerio de la ley, que estos podrán ser modificados o derogados en cualquier momento por la Asamblea.
El argumento de la oposición en la Asamblea es que la reforma tributaria castiga a la clase media. “Esta ley no ha sido útil como herramienta de desarrollo económico ni ha generado estabilidad fiscal. Hay un debate incluso sobre si es constitucional o no“, aseguró John Vinueza (independiente) durante el debate.
La batalla es política
Más allá de los argumentos en contra de la reforma tributaria, hay votos suficientes para derogarla. La nueva mayoría, integrada por UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y los “rebeldes” de Pachakutik y la Izquierda Democrática, impulsan y promueven esta iniciativa. Juntos suman más de los 70 votos necesarios para aprobar, en segundo debate, la derogatoria.
En ese escenario hostil, el Gobierno se opone públicamente y espera lo que suceda, mas no negocia. Una posición que también se evidenció en el trámite del veto a la Ley para el uso legítimo de la fuerza.
En ese caso, el oficialismo esperaba que las objeciones pasaran sin pronunciamiento de la Asamblea, e incluso el PSC había anunciado que no daría sus votos para la ratificación; sin embargo, UNES y la ID sí negociaron votos y lograron que el veto presidencial fuera desechado.
Las opciones del Gobierno
Dado que la Asamblea está apurada con el trámite de la derogatoria de la reforma tributaria y que no hay mucha oposición a ella, esta podría llegar a segundo debate en los próximos dos meses.
Si los legisladores llegan a aprobarla, al Gobierno le quedan dos opciones. La primera sería vetarla por inconstitucionalidad, con el argumento de que la Asamblea no puede derogar impuestos. En este caso, el proyecto pasaría un mes a análisis de la Corte Constitucional. Pero en este escenario el Gobierno corre el riesgo de que la Corte no le dé la razón, como ya pasó con el alza de salarios a los maestros.
La segunda opción sería un veto total. La Asamblea no podría tratar el proyecto en un año, lo que le daría al Gobierno la posibilidad de mantener la reforma tributaria vigente durante 12 meses.
Sin embargo, pasado el año, la Asamblea, con 90 votos, podría ratificarse en la derogatoria.
Fuente: Primicias – Nota original: LINK
