La comisión celebró hoy su primera reunión y decidió que la presidencia será ejercida por Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ha roto con el Gobierno y es liderado por el vicepresidente Michel Temer, quien asumiría el poder en caso de una destitución de Rousseff.
El cargo de instructor, que elaborará un informe que recomendará procesar a Rousseff o archivar el caso, recayó en Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y quien fue elegido en medio de la queja generalizada del oficialismo.
El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, alegó que un senador del PSDB, el más férreo opositor del Gobierno, no tendría la «imparcialidad» necesaria para la redacción de ese informe, pero la oposición se impuso y Anastasia fue respaldado por 16 votos, frente a sólo cinco en contra.
Según el senador Linderbergh Farías, del PT, la elección de Anastasia «es una provocación» y «mancha desde el primer día el trabajo de una comisión que tiene que decidir el futuro de una presidenta elegida con 54 millones de votos».
La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara alta, tendrá diez días para debates, en los que serán escuchados tanto los responsables de la acusación, que se fundamenta en maniobras fiscales irregulares, como de la defensa de Rousseff, representada por la Abogacía General del Estado.
Concluidos los debates, será votado el informe que elaborará el instructor, que en caso de ser aprobado y recomendar la apertura del juicio político contra Rousseff pasará al pleno del Senado.
Si en esa instancia, la mayoría simple de los 81 senadores (41 votos) se inclina por la instauración del proceso, la mandataria será separada de su cargo durante los 180 días que puede demorar el proceso y sería sustituida durante ese período por Temer.
En caso de que el juicio concluya con la destitución de Rousseff, el actual vicepresidente deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
