Los colores, en cambio, proporcionan más información. Verde significa que el beneficiario está en casa, con la batería cargada. Amarillo, que el aparato está por descargarse. Y rojo señala que la persona salió del perímetro ordenado por un juez o se acabó la pila.
En ese momento, el personal del ECU-911 se contacta con la Policía y pide que se dirija hacia donde está el portador y verifique qué ocurrió. En el 95% de casos, los agentes descubren que se trató de un descuido.
Pero en otras ocasiones encuentran que los portadores no solo han salido del área establecida sino que también han cometido delitos.
En Guayaquil, por ejemplo, hay 1 480 personas que usan la tobillera electrónica. De estas, 81 se han involucrado en robos, venta de drogas, lesiones, etc. En porcentaje, los infractores representan el 5,4%.
Los datos corresponden hasta el 1 de agosto pasado (ver gráfico). Los policías son justamente quienes remiten a estos sospechosos a las unidades de Flagrancia de Guayaquil.
Allí, el fiscal Víctor González precisa que cuando se detecta este tipo de violaciones, 9 de cada 10 casos es por venta de estupefacientes o robos. Para la Policía, hay una falta de control en estos aparatos.
El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, y la comandante zonal de Policía, Tanya Varela, emitieron una queja formal ante el Consejo de la Judicatura, en julio. Eso lo hicieron después de que la Policía desarticulara en Guayaquil una banda dedicada al asalto, robo a domicilios y asesinato.
Entre los implicados había un policía en servicio activo a quien le fue ordenado el uso del grillete y enfrentaba un juicio por delincuencia organizada. Según el fiscal González, entre los delitos a los que no se les puede imputar el uso de un grillete está la delincuencia organizada.
