El presidente Rafael Correa, en su último Enlace Ciudadano, se refirió a las medidas cautelares a los padres que tienen la obligación de pagar una pensión alimenticia. Según el mandatario, mantener en prisión a los padres que adeudan pensiones alimenticias representa un elevado costo económico para el Estado. Es así que el Gobierno propone que los padres que no cumplan con el pago podrían evitar la cárcel a través del uso de un brazalete electrónico. La especialista en Derecho Penal, Paulina Araujo, en Notimundo con Patty Terán y Fredy Paredes explicó que su aplicación sí generará un gasto al Estado. De igual manera se refirió a la segunda alternativa que es que el Estado pague la pensión alimenticia y que estas personas paguen con trabajo al Estado, ya sea en construcción de carreteras, hospitales o en cualquier obra en la que se los requiera, Araujo dijo que no coincide con la situación económica del país en la cual se debería ahorrar en vez de crear más gasto. Sin embargo Araujo explicó que sí es una opción viable, siempre y cuando se cuente con los recursos y el presupuesto necesario ya que si el rubro es asumido por el Estado, que se refiere a todos los ciudadanos y no por los órganos gubernamentales no sería justo ya que se estaría financiando la irresponsabilidad de los progenitores. “El problema no es ni de leyes ni reglamento ni de prisión, sino es un problema cultural” añadió Araujo.
La experta en Derecho Penal afirmó que en la actualidad la Ley, a través del Código de la Niñez y de la Adolescencia, establece prisión para los padres y ya no para familiares de los progenitores. Pero según dijo el tema de pensión no debería centrarse únicamente en el cumplimiento económico sino también en mejorar la relación familiar y la tenencia compartida de los hijos.
El Consejo de la Judicatura hace varios meses aplicó el Sistema Único de Pensiones Alimenticias SUPA que según Araujo ya tendría varios inconvenientes en su sistema.
La ministra de Justicia Ledy Zuñiga informó que en el país hay 182 640 juicios por pensiones alimenticias, de los cuales 821 padres guardan prisión que generaría un gasto para el Estado de 160 dólares por cada uno. Ante esto Paulina Araujo aseguró que en el país hay varios mecanismos alternativos para el cobro de pensiones como el cobro por rol de pago, pero que siempre la “amenaza de prisión” es la más utilizada, mecanismo que, a su criterio, debería cambiar.
