Tendrá una duración de hasta 12 meses y si el patrono decide renovarlo se convertirá en un contrato indefinido, explicó el ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien aseguró que tendrá todos los derechos laborales, como vacaciones, décimos, horas extra, etc.
El contrato a plazo fijo tenía el mismo tiempo de vigencia, con la posibilidad de renovarlo por un año más. Luego de los dos años, si la relación laboral continuaba, se generaba una relación laboral indefinida.
La justificación del anterior Gobierno para eliminar esta figura fue que había un supuesto abuso por parte de ciertos empleadores, lo cual no brindaba estabilidad al trabajador. Desde entonces, los gremios empresariales han insistido en recuperar el contrato a plazo fijo y sostienen que quitarlo fue una razón más para la caída del empleo formal.
Para Paúl Vergara Dávila, asesor jurídico del Centro de la Política Laboral (Cespla), las propuestas de reformas planteadas por el Gobierno son regresivas en derechos laborales y atentan a su estabilidad. El experto criticó la baja del 20% de la remuneración en contratos ocasiones del sector público, la reducción del tiempo de vacaciones y el aporte de un día de salario de las empresas estatales, ya que se afecta directamente al bolsillo de estas personas y es una violación a sus derechos.
El Cespla, dijo, analiza plantear demandas de inconstitucionalidad si la ley laboral se aprueba tal como está. Varias organizaciones sociales tienen previsto adoptar acciones similares. Madero replicó que “cualquier tema que se ha presentado ha sido evaluado previamente para evitar estos temas de inconstitucionalidad.
No obstante, cualquier persona podría hacer uso de esta acción, pero tendrá respuesta por parte del Gobierno”, mencionó el titular de la Cartera de Trabajo. Reiteró que las medidas anunciadas aplicarán para nuevas contrataciones. En cuanto al proceso para reducir la remuneración de los contratos ocasionales y nombramientos provisionales, el Estado prevé hacerlo cuando se realicen los concursos de mérito y oposición.
Así lo dio a conocer el pasado 2 de octubre el secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastian Roldán, en una entrevista televisiva. Según Roldán, hay alrededor de 120 000 con contratos ocasionales y con nombramientos provisionales. “Esos nombramientos no tienen estabilidad.
Fuente: El Comercio, nota original: LINK
