En la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia de apelación del caso Sobornos. El objetivo de los 18 sentenciados, entre estos el expresidente Rafael Correa, es modificar la sentencia de primera instancia y lograr que el Tribunal de Apelaciones los declare inocentes.
La mañana de este martes 30 de junio del 2020, la defensa de Pamela Martínez, exasesora de Correa, tenía previsto presentar su apelación.
Sin embargo, su abogado, Luis Muñoz Pasquel, solicitó una audiencia reservada con el Tribunal. Su argumento fue que Martínez firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, en mayo del 2019, que le impide revelar la información o datos que haya suministrado en la investigación.
“Si procedo a citar una por una las pruebas caigo en el delito: develar información confidencial. La vida de Pamela Martínez corre riesgo debido a la información compleja que maneja el acuerdo de cooperación eficaz”, dijo el abogado.
El Tribunal, conformado por los jueces Dilza Muñoz, David Jacho y Wilman Terán, aceptó el pedido y ordenó que los revisión de “cuadernillo de apelación” en donde se detalla cuál fue el aporte de la exasesora se realice en una audiencia en la que solo podrá participar la Fiscalía.
En la diligencia de este martes, los jueces también escucharon los argumentos de otros defensores. Jorge Luis Ortega, abogado de Walter Solís, dijo que la Corte no ha dado “garantía de inmediación porque no se cuenta con la tecnología adecuada”, pues la conexión de Internet falla.
Ortega dijo que el Tribunal debía declarar la nulidad del caso, pues se analizaban aportes a campañas “y en este caso sólo el CNE puede determinar si existió o no aportes irregulares”.
María del Mar Gallegos, abogada de Alexis Mera, dijo que la sentencia carece de motivación. “El Tribunal se basó en juzgar con testimonios, uno de ellos el Martínez, quien cambió varias veces su testimonio. El otro testigo, Pedro Espinoza, afirmó que entregó un sobre del cual desconocía el contenido; y se basan en un testimonio, cuando esta defensa presentó cuatro testimonios (a favor de Mera)”.
El fallo de primera instancia señala que entre el 2012 y el 2016, periodo del expresidente Correa, “se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados (líderes y coordinadores) designados estratégicamente y de forma secuencial en cargos como ministros, secretarios de estado, gobernadores y asesores”.
A través de esta estructura ilícita, el movimiento Alianza País captó USD 7,7 millones que provenían de contratistas estatales, quienes durante el gobierno pasado construyeron carreteras, puentes, escuelas y más obra pública y los usó para financiar sabatinas y campañas políticas, indica el fallo.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
