Fue Christian Viteri quien envió directamente al fiscal Franklin Bravo una copia certificada del informe de la Comisión de Justicia, dentro de la investigación que por enriquecimiento ilícito se sigue contra Alex B. Pero Viteri no solicitó el inicio de una nueva investigación contra otros funcionarios.
El informe de la Comisión de Justicia, presidida por Andino, recomendó realizar investigaciones administrativas, no penales. Por esta razón se insta a la Contraloría General del Estado y al Servicio de Rentas Internas (SRI), a que actúen según sus competencias.
A la Fiscalía no le corresponde actuar en estas investigaciones administrativas, sino en las de tipo penal.
Por eso, con base en el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía formuló cargos contra Javier B., por el delito de cohecho. La UAF habría detectado operaciones inusuales e injustificadas desde el 13 de febrero del 2014 entre las empresas de Javier B. y las de Alex B., exgerente de Petroecuador.
En el mismo caso por cohecho, la Fiscalía solicitó la vinculación de 17 personas, entre ellas Carlos P., exgerente de Petroecuador. Este pedido lo respaldó en la información obtenida mediante la asistencia penal internacional de Panamá, que evidenció las transferencias recibidas por la empresa ‘offshore’ Girbra, de Alex B., desde varios contratistas de Petroecuador. A su vez se detectaron las transferencias enviadas desde Girbra a las cuentas de Carlos P. y Arturo E., exfuncionarios de la petrolera estatal.
Esta información trascendente, entregada por la asistencia penal internacional de Panamá, constituye un nuevo elemento en la investigación de este caso, y no consta ni en el informe de la Comisión de Justicia ni en el de la UAF.
