Hasta el momento se han presentado 60 demandas de militares retirados ante la Corte Constitucional contra esta normativa impulsada por el Ejecutivo que puso un techo a las pensiones de los militares y policías.
La Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que fue aprobada en octubre de 2016, trajo desde su anuncio, en febrero pasado, un constante enfrentamiento entre sector uniformado y el Gobierno Nacional, quien defendió la normativa como una herramienta para garantizar la equidad y justicia para todos los servidores militares; eliminar las diferencias injustificadas e injustas que garanticen un trato equitativo, sin desconocer las jerarquías.
Entre las reformas aprobadas están una nueva integración de los consejos directivos del Issfa y del Isspol, quienes serán nominados en una terna por el Gobierno, a través de los Ministerios de Defensa y del Interior.
En el primer caso, estará conformado por el Ministro de Defensa o su delegado con voto dirimente; el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los comandantes de las 3 ramas de las FF.AA y 2 representantes del personal de tropa en servicio pasivo y un representante de los oficiales.
Mientras que el Isspol quedará conformado por el Ministro del Interior o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente, el Comandante General de la Policía, el Director general de personal, un representante de oficiales en servicio pasivo y dos representantes del personal de tropa en servicio pasivo.
Otro de los cambios sustanciales fue la reducción del aporte de los uniformados a su respectivo seguro. Por ejemplo, si actualmente pagan el 23% de su sueldo al Issfa y al Isspol, cuando entre en vigencia el texto aportarán el 11,45%. El Estado, que contribuye con el 26%, ahora deberá hacerlo con el 9,15%. La Ley fue publicada el pasado 21 de octubre en el Registro Oficial, tras la sanción favorable del Ejecutivo.
Ricardo Patiño, ministro de Defensa, afirmó que esta normativa asegurará que todos tengan acceso a la cesantía en cualquier momento de su retiro.
Sin embargo, el malestar dentro de los uniformados de alto rango y retirados se hizo evidente.
Fausto Cobo, coordinador Nacional del Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas y ex asambleísta, manifestó que el proyecto de Ley es una ofensiva más y, según sus cálculos, en unos cinco años estas entidades estarían prácticamente quebradas.
El malestar de los militares se manifestó a través de declaraciones en los medios, actos públicos y procesos judiciales. 61 demandas de inconstitucionalidad a estas reformas se han presentado hasta el momento, una de ellas por el general en servicio activo del Ejército, Luis Lara Jaramillo.
Además de estas acciones legales, el presidente Correa buscó sancionar a sietes oficiales de las FFAA a través de consejos de disciplina. Estos, fueron acusados de faltarle el respeto por responder su carta, el 14 de mayo, en términos supuestamente ofensivos. Uno de ellos, el capitán de corbeta Edwin Ortega, fue sancionado y cumplió 10 días de arresto.
Rosa Sevilla, madre de Ortega, en FMMUNDO aseguró que han sido meses traumáticos y de desesperación para ella, debido a la situación en la que se encuentra su hijo. Explicó que no son los 10 días de arresto de rigor que le impusieron sino que con ello se verá trucada la carrera de ascenso del unifromado.
El malestar entre militares y Gobierno venía desde el 2015 cuando la relación se agravó con la pugna por los terrenos en Samanes.
