La exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, señaló que la política criminal toma tiempo y dijo que los Gobiernos deben entender que con el cambio de autoridades no se puede eliminar lo implementado. “No hubo la voluntad ni el interés en mantener lo que se venía trabajando”, manifestó.
Aseguró que en el Gobierno anterior instauraron un plan para reducir paulatinamente el hacinamiento carcelario y la brecha entre las personas procedas y sentenciadas, con el objetivo de reducir la violencia. Señaló que, desde el 2018, los fallecimientos al interior de los centros empezaron a crecer. “Antes había muertes, no más de 5 o 9, desde el 2011”, precisó.
“Cerca del 40% de personas privadas de libertad que están en los centros no han recibido sentencia y están expuestos a niveles de violencia. Hay cerca de 4 mil carpetas para atender el tema de los beneficios penitenciarios”, agregó.
Reconoció que en la época de su gestión sí había pugna entre bandas criminales, pero afirmó que nunca llegaron a ser tan violentos. A su criterio, los niveles subieron cuando se eliminó el Ministerio de Justicia, se redujo el presupuesto al sistema penitenciario y se disminuyó el personal. Insistió en la necesidad de que se clasifique a los privados de libertad, para reconocer a quiénes están generando afrentas y dijo que, una vez, ubicados se puede empezar a implementar políticas de rehabilitación.
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