Estos pronunciamientos los realizaron durante el inicio del primer debate del cuerpo legal. “Vamos a desmentir las malas informaciones que confunden al pueblo y demostrar que hay que romper con las inequidades. En el régimen social debe primar un espíritu de solidaridad”, enfatizó el parlamentario Ángel Rivero. Aclaró que los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de la Policía Nacional que se encuentren activos no tendrán ninguna disminución en sus derechos. Para acogerse al retiro se mantiene los 20 años de servicio activo y efectivo, indicó.
De la misma manera, manifestó que con las reformas no se afectará la capacidad adquisitiva de los miembros de estas instituciones, “como se ha dicho”, porque se establece una aplicación gradual para el cálculo de pensiones. Reiteró que se tomará como base el promedio de los 70 mejores haberes militares y policiales registrados hasta la fecha en que se produce la baja y se incrementará al inicio de cada año, en la misma proporción que la inflación promedio anual del año anterior.
“Debemos atender a una necesidad que tiene el ISSFA y el ISPOL, que parte de una realidad”, acotó, por su parte la asambleísta Betty Carrillo. Explicó que mientras en el seguro general obligatorio un promedio de ocho personas aportan para una jubilación, en el régimen especial la relación de uno por uno. “Eso hace que esté en peligro la sostenibilidad”, añadió.
Aclaró además que mientras en el seguro social obligatorio el tope máximo de la jubilación es de 2.013 dólares, en el régimen especial es de 4.893. También indicó que mientras en el primer sistema la pensión mínima es 383, en la segunda es de 833 para el grado más bajo. Entre otras comparaciones, también se refirió a la edad para acceder a una jubilación. En el uno es de 60 años y en el de régimen especial un promedio de 45. Explicó que con el proyecto solo en caso de baja voluntaria el miembro de las FF, AA y Policía deben acreditar al menos 25 años de servicio activo y efectivo.
La legisladora propuso que el aporte que realiza el Estado para las idemnizaciones por seguro de vida se lo haga de manera equitativa, sin diferencias, y que en el Plan de Reconstrucción se tome en cuenta a las familias de los uniformados cuyas viviendas han sido afectadas.
Otra de las parlamentarias que apoyó el proyecto fue la representante por América Latina, el Caribe y África, Diana Peña. Señaló que con este proyecto se efectiviza la inclusión, pues la misma Constitución determina el trato equitativo para todos los sectores, por lo que la Ley vigente no puede contraponerse a la Carta Magna. Sostuvo que los estudios actuariales han determinado que el déficit se presenta por la aplicación de pensiones y aclaró que con esta iniciativa las mismas se incrementarán en proporción con la inflación.
Del otro lado, los asambleístas Mae Montaño, Paco Fierro y René Yandún cuestionaron que en la Comisión no se haya recibido a los miembros del Alto Mando Militar. Montaño dijo que no es el momento político oportuno para aprobar estas reformas, mientras Fierro pidió que se analice las condiciones laborales que diferencian a los civiles con los militares. Yandún dijo que hay un desconocimiento de la estructura militar. Pidió que haya una explicación técnica del Comando Conjunto.
