El presidente Lenín Moreno no esperó el dictamen de la Corte Constitucional (CC). Con dos decretos dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque la consulta popular y el referendo.
La decisión tomó por sorpresa a todos. A las autoridades del CNE, que preparaban su informe final de gestión sobre el periodo presidencial de Juan Pablo Pozo. Y a la misma Corte, que llevaba a cabo la audiencia sobre la propuesta de consulta.
Los decretos 229 y 230 ordenan en su primer artículo convocar a los ecuatorianos a las urnas, para que se pronuncien sobre las siete preguntas, dos de consulta y cinco de referendo. También disponen la notificación al CNE y a la Corte.