Mañana se cumplen cuatro años de lo que muchos analistas consideran que fue un hito histórico. Hernán Reyes, docente universitario, manifestó que existen varios logros con la LOC, por ejemplo la lucha contra los contenidos violentos, discriminatorios, y opinó que hay un elevamiento en el nivel de conciencia de la ciudadanía de lo que significa ser objeto de un uso abusivo de determinados medios y contenidos que finalmente lesionan la imagen, la dignidad de la persona y sus derechos.
Reyes indicó que existen avances importantes en la protección de niños, niñas y adolescentes en relación con contenidos mediáticos, y en la posibilidad de reconocernos como un país pluricultural y plurinacional.
“A partir de lo que ha significado la obligación diaria en los medios de comunicación de difundir contenidos de carácter intercultural, a pesar que no todos tienen la calidad que deberían a veces por incomprensión de lo que significa lo intercultural por parte de los medios” expresó Reyes.
El catedrático consideró fundamental que a partir de la ley de Comunicación y “la voluntad política del gobierno” se haya llevado a cabo el concurso para la redistribución equitativa de frecuencias que es la “columna vertebral” del cambio en el escenario mediático en el Ecuador.
Pero es crítico con entidades como la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom), “ha abusado de la facultad de actuar por oficio, denunciar determinados contenidos, y después de ser jueces para sancionar” y sugirió que debería ser la ciudadanía la que denuncie o reclame a este organismo y posteriormente, se siga el debido proceso.
Sin embargo, aclaró que esto no significa que haya que quitarle a la LOC, su capacidad sancionatoria, pero que la Supercom podría mejorar su actuación como instancia de control para aplicar la ley realizando ajustes internos o la otra opción es sustituirla por otra instancia con facultad sancionadora. “Porque no hay ley que no otorgue atribuciones de sanción cuando se incumple la ley”.
Además, sugirió revisar las sanciones por reincidencia que son fuertes en términos económicos, porque podrían quebrar a los medios pequeños o medianos, y manifestó que sería positivo más bien que existan más sanciones de carácter moral.
“Las disculpas públicas, amonestación verbal o escrita a los medios, una campaña de promoción y difusión de esas sanciones entre la ciudadanía puede lograr mucho más que procesos judiciales” ratificó Reyes.
Pese a ello, Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), calificó a la ley de negativa. Consideró que la ley no debe tener un espíritu punitivo y garantizar que exista proporcionalidad en las sanciones a los medios de comunicación cuando reinciden en faltas. “En ocasiones han pasado de 5.000 dólares a 10.000, otras llegaron a 30.000 mil e incluso llegaron a 60.000 dólares” según Fierro.
Dijo que se debe eliminar la Supercom y que se deben promover valores a través de la educación.
Por el lado de la oposición al gobierno, se plantea, en cambio, derogar la Ley. Patricio Donoso, Asambleísta de CREO manifestó que la Ley ha afectado el ejercicio del periodismo de investigación en el país.
“El mejor aliado de un gobierno es el periodismo libre e investigativo, yo no me he enterado de los casos de corrupción, afuera y dentro del país, sino es a través de la prensa investigativa” comentó Donoso a Agencia Andes.
Por su parte, la asambleísta y expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, dijo que se pueden plantear reformas para mejorar la ley, pero que no se debe derogar.
“Nos opondremos como lo hemos hecho siempre a invisibilizar los grandes logros de la Ley de Comunicación y peor aún, plantear una derogatoria o botar a la basura una ley que costó tanto debate público, político, interno, social y comunitario” expresó Rivadeneira.
Sobre las propuestas de sectores como Centro Democrático de eliminar Cordicom (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación) y Supercom, Rivadeneira consideró que sería “irresponsable” pensar que una ley que genera el sistema integral no tenga un organismo de control que precautele el cumplimiento de la ley.
Fuente: Agencia Andes
