Desde este miércoles 15 de julio, el proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, calificado de urgente en materia económica, entra en vigencia por el ministerio de la ley.
El pleno de la Asamblea no logró los votos suficientes para allanarse al veto parcial que había enviado el Ejecutivo, el 15 de junio pasado.
El veto contenía 16 objeciones y la Comisión de Régimen Económico en su informe no vinculante del proyecto sugirió allanarse a 15 de ellas y ratificarse el texto original de la observación decimosexta referente al techo de endeudamiento.
Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que los legisladores tenía dos opciones: allanarse al veto o insistir en el texto original. Se hizo la votación y no se lograron los 70 votos para allanarse al veto, además no hubo moción para insistir en el texto original, por lo tanto al cumplirse los 30 días entró en vigencia el proyecto por el ministerio de la ley.
Esto significa que al texto aprobado por la Asamblea el 16 de mayo de 2020, se le agregan las 16 observaciones del veto enviado por el Ejecutivo.
Entre ellas está el techo de endeudamiento, que tuvo controversia. Para el año 2025 el techo de la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) sería del 57%; para el 2030, del 45%, y para el 2032 se fijaría en el 40%.
La asambleísta por SUMA, Gabriela Larreátegui, estuvo de acuerdo con las objeciones enviadas por el Ejecutivo y considera que muchos legisladores tomaron una posición a favor o en contra del Gobierno y no del proyecto.
“Yo no lo comparto, había que analizar la ley y considero que es positiva para el país”. Destaca la Ley de Finanzas Públicas como uno de los motivos por los cuales se logró la renegociación de la deuda externa con el grupo de tenedores de bonos más importante, el pasado 6 de julio.
“La ley da estabilidad y obliga al país a ser responsable en el manejo de sus finanzas públicas”, aseguró la legisladora.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original : LINK
