Encarnación Duchi, coordinadora de la Bancada de Integración Nacional (BIN) -que representa todas las minorías del Legislativo- fue la primera en pronunciarse durante la rueda de prensa.
La asambleísta de Pachakutik dijo que durante el receso legislativo que culminó ayer se conocieron nuevos indicios que se sumarían a la presunta responsabilidad política de Glas en los actos de corrupción cometidos durante el Gobierno anterior.
Roberto Gómez Alcívar (Creo) anunció que el Segundo Mandatario no puede seguir en el cargo por estar involucrado en los actos de corrupción. Por eso -dijo- la exigencia de la ciudadanía es clara: que el Vicepresidente renuncie a su cargo o que los legisladores lo destituyan a través de un juicio político.
«Les decimos a los ciudadanos que presentaremos una nueva solicitud de juicio político con los nuevos elementos que son de conocimiento público. El Consejo de Administración Legislativa debió reiniciar la Asamblea cuando se solicitó y no estar pensando en los cálculos políticos», aseguró Gómez.
Entre las nuevas pruebas que la oposición presentará para forzar un juicio político en contra del Segundo Mandatario está el informe con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría General del Estado sobre la asignación del campo petrolero Singue, en el que se lo menciona a Glas. Por otro lado Henry Cucalón, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano y sus aliados, aseguró que es también tiempo de que la Fiscalía pida autorización a la Asamblea para vincular a Glas a las investigaciones penales sobre los casos de corrupción y que esta en consecuencia pueda formular cargos como ordena la Constitución.
Además, este martes en horas de la mañana el CAL se reunió y decidió negar el pedido de Creo para revisar el archivo que se había decretado al primer pedido de juicio político en contra de Glas. También esa instancia envió a la Comisión de Régimen Económico la Pro forma presupuestaria 2017 para su tratamiento.
Ahora la oposición empezará con la redacción del documento final para la presentación del juicio y en la recolección de las 46 firmas necesarias para viabilizarlo. Para esto convocará a varios juristas que harán de asesores y veedores de manera que la solicitud sea sólida en derecho.
