El presidente del Legislativo, César Litardo, hizo público el informe sobre los daños ocasionados a la Asamblea durante las manifestaciones de la semana pasada. En un principio, se calculó que los destrozos dejaron pérdidas por USD 10 mil, pero esa cifra subió a USD 70 mil.
Los principales daños ocurrieron en la marcha del miércoles 9 de octubre. Ese día un grupo de protestantes rompió el cerco policial y logró entrar hasta el Pleno del Legislativo. A su paso, hubo el forzamiento de las puertas y la rotura de vidrios.
La Coordinación Jurídica del Parlamento presentó una demanda en la Fiscalía para que se determine a los responsables de la incursión. En un principio, fueron detenidas más de 20 personas por la fuerza pública. Sin embargo, ellas fueron liberadas porque no existieron los suficientes indicios para inculparlas por los daños.
El procurador judicial de la Asamblea, Santiago Salazar, aseguró que dentro de la investigación fiscal se realizará la reconstrucción de los hechos ocurridos el miércoles 9 de octubre.
Además, se prevé que 70 personas entreguen sus testimonios a los fiscales. Esto, puntualizó Salazar, le servirá a la Fiscalía para descubrir a los responsables. Mientras este trámite se cumple, el legislador independiente, Fabricio Villamar, pidió a la Fiscalía que emprenda una investigación contra el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, por su presunta participación en la incursión al edificio de la Asamblea.
Villamar presentó videos en los cuales se observa al dirigente indígena en los exteriores de la Asamblea, asegurando que se instalará el “parlamento de los pueblos”. Pérez contestó esta demanda y aseguró que no entró al edificio y fue uno de los primeros dirigentes que fue a la Casa de la Cultura, donde se reunían los manifestantes.
Él sostuvo que esta demanda pretende afectar al movimiento indígena, que fue el protagonista de los 11 días de paralización del país. Hasta este viernes 18 de octubre, la Fiscalía no convocó a Villamar a ratificar su denuncia, que es el paso previo a la indagación.
