El mecanismo consiste en una serie de visitas técnicas, monitoreo y presencia de la CIDH en el país por un año, explicaron en conferencia de prensa el presidente de la Comisión, el estadounidense James Cavallaro, su secretario ejecutivo, el brasileño Paulo Abrão, y el comisionado para este caso, el jurista colombiano Enrique Gil Botero.
Aunque la nueva misión tendrá menos margen de acción que su predecesor Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), porque no coadyuvará en la investigación sino que dará asesoramiento y monitoreo, persigue el mismo fin: llegar a la verdad y encontrar a los desaparecidos.
Así lo explicó Cavallaro e insistió en que resta mucho por hacer, después que la evidencia científica desmoronó la versión oficial de los hechos, la supuesta cremación de los estudiantes en el basurero de Cocula: “No pasó.
Hay que analizar líneas factibles y esa no lo es”. Los altos funcionarios de la CIDH explicaron que el mecanismo da seguimiento a la Medida Cautelar 409/14 dictada en octubre de 2014, en la cual solicitaron al Estado mexicano determinar situación y paradero de los 43 normalistas, porque “transcurridos dos años, este objetivo continúa incumplido”; y se funda también en las recomendaciones que hizo el GIEI después de 16 meses de estancia en el país (enero 2015 a mayo 2016).
Aquel grupo de expertos evidenció que la investigación gubernamental del caso tiene “más de 200 falencias que aún falta explorar” advirtió Gil Botero.
Entre ellas la fragmentación del expediente, no comparecencia de personal del 27 Batallón de Infantería del Ejército, no investigación del presunto tráfico de estupefacientes Iguala-Chicago, falta de peritajes en balística y telefonía y lesiones corporales en más de 60 detenidos, producto de presuntas torturas para autoinculparse. En esta nueva fase, los funcionarios de la CIDH confían exista buena voluntad por parte de las autoridades mexicanas: “el mecanismo quiere que se abra línea de investigación integral, que no existan zonas vedadas”, dijo el abogado colombiano especializado en derechos humanos y derecho administrativo, exmagistrado en su país (fue presidente del Consejo de Estado y árbitro en la Cámara de Comercio de Medellín).
Durante sus primeras horas en México, la misión internacional de la CIDH se reunió con las máximas autoridades locales en la materia: el nuevo Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos; la canciller Claudia Ruiz Massieu y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas. Se ratificó así el convenio de cooperación bilateral, “y el Estado mexicano ha asegurado los recursos necesarios.
Recibimos un aporte de 562,236 dólares para asegurar el funcionamiento del mecanismo”, informó el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão. En la teoría, los fondos garantizan la presencia de la misión internacional en México hasta noviembre de 2017 aunque pesa el antecedente del GIEI, cuando la relación con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se tensó a tal punto que no se permitió a los expertos continuar investigando en el país.
