La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, informó este jueves que la inversión social no se reducirá en 2017 y que seguirá siendo una prioridad como lo ha sido durante los nueve años del gobierno del presidente Rafael Correa.

Agencia Andes

Rosero dijo que se optimizará hasta el último centavo y se hará seguimiento de las obras de infraestructura de educación y salud, para garantizar su inclusión en el presupuesto.

En materia de salud, en 2017 se mantendrá el presupuesto previsto para este año (2.600 millones de dólares). «Durante los casi 10 años de gobierno se han invertido en esa área 16.000 millones de dólares», indicó la ministra de Salud, Margarita Guevara.

“Hay financiamiento alternativo para sostener y avanzar en esas obras, por ejemplo algunas escuelas del milenio están siendo ejecutadas con Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Corporación Andina de Fomento, tener esa planificación nos permite completarlo con acciones de cooperación internacional y créditos y recursos no reembolsables para educación y salud”, mencionó Rosero.

Este jueves se reunió el Gabinete de Desarrollo Social, presidido por el mandatario Rafael Correa y autoridades de los ministerios de Política Económica, Vivienda, Salud y Educación. En el encuentro se evaluaron avances del proyecto de construcción de unidades educativas del milenio y siglo XXI, y su asignación presupuestaria.

También se evaluó la forma de mejorar la gestión en la red pública de salud  Rosero anunció que el próximo año el país contará con un sistema de historia clínica única, en donde constará la información de cada paciente que se atiende en  la red pública de salud. Esto permitirá hacer seguimiento nominal de cada persona y mejorar el sistema de derivaciones hacia los hospitales públicos o privados, además de optimizar los pagos que hace al estado a estas casas de salud.

Durante el gabinete se analizó el indicador de mortalidad materna sobre lo cual se resaltó el cumplimiento de la meta de reducción de muertes maternas.

Combate a la desnutrición infantil

El Gabinete del sector social revisó los avances en torno a la estrategia de combate a la desnutrición en el Ecuador y, según dijo la ministra Rosero, pese a el que las estadísticas no han variado mayormente, existen avances en servicios de saneamiento básico y acceso a la salud que influyen en la reducción del índice de desnutrición.

“Estoy comprometida, hasta el fin del gobierno, a tener alertas necesarias para que esa desnutrición crónica se reduzca y tengamos menos niños que sufran de esta enfermedad”, comentó Rosero.

Indicó que se  priorizará la intervención en nueve provincias del país, para hacer controles a mujeres gestantes durante el embarazo en los centros de salud y controlar que los niños completen sus dosis de vacunas. Además, se trabajará en recorridos puerta a puerta, aporte de micronutrientes (suplemento chispaz) y seguimiento a los niños que se encuentran en los centros infantiles del buen vivir, en donde se hacen controles de peso y talla.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, se muestra un índice de prevalencia de desnutrición crónica de 40% en Chimborazo, 35,6% en Bolívar, 35,7% en Cotopaxi, 35.1% en Morona Santiago, 34,8% en Napo, entre otras provincias que registran cifras de entre 30% y 19%.

«Mucho depende de los gobiernos autónomos descentralizados otorgar a la ciudadanía servicios básicos como agua potable, manejo adecuado de desechos sólidos, y promover la soberanía y seguridad alimentaria, para reducir la desnutrición», sostuvo.

Además, dijo, el gobierno central coordina para que los municipios sean promotores de la salud, luego garantes y finalmente los que otorguen el sustento para que la ciudadanía viva en un ambiente sano y erradicar a mayor velocidad la desnutrición.

Albergues en zonas afectadas por terremoto

La ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, informó que existen alrededor de 1.600 familias que viven en albergues luego del sismo del 16 de abril pasado que afectó a poblaciones de Manabí y Esmeraldas.

“En el caso de las personas que están en los albergues de Portoviejo y Manta en poco tiempo saldrán a viviendas propias y se estima que se cerrarán unos 4 ó 5 albergues hasta finales de año”, puntualizó Larrea, quien indicó que existe una hoja de ruta para el cierre de los albergues hasta mediados de 2017.

Entre tanto, la próxima semana iniciará las obras de construcción del nuevo hospital de Chone (con 120 camas) que sustituye al que fue derrocado tras registrar daños estructurales a causa del terremoto. También anunció la construcción del hospital de Bahía, que tiene capacidad de 30 camas.