Los abogados Pablo Guerrero y a su hermano José Luis sienten que el Estado les ha “robado” siete años de sus vidas. El 30 de septiembre del 2010 (30-S), ambos tenían un estudio jurídico.
Hoy, siete años después, los hermanos Guerrero se describen como perseguidos políticos del gobierno de Rafael Correa. Ya no poseen el despacho de abogados, pero intentan retomar la vida que dejaron en el 2010, cuando tuvieron que viajar a República Checa, en donde recibieron el estatus de asilados políticos.
Ellos fueron procesados por supuesto sabotaje y terrorismo. La Fiscalía los acusó de los daños causados al canal Ecuador TV, durante la revuelta policial del 30-S. Su caso es solo uno los 74 juicios que la Fiscalía abrió tras la protesta.
Según el último informe de esta entidad, difundido en febrero pasado, 298 personas fueron procesadas en el país por delitos contra la seguridad del Estado: intento de asesinato y secuestro del Presidente; homicidio, rebelión, sabotaje, etc. 222 ciudadanos fueron hallados culpables y sentenciados. Mientras que a 76 se les reconoció la inocencia.
Entre los inocentes está César Carrión, ahora asambleísta de Creo. En su despacho guarda las copias de su proceso judicial. Él recuerda que estuvo siete meses preso en una cárcel que era para las personas sentencias. Fue acusado por intento de asesinato del Presidente. Carrión fue director del Hospital de la Policía en donde, Correa recibió atención médica, ese día.
