"Sé que corre peligro mi familia y que tratarán de mancharme, pero esto debe acabar", denunció en una carta un jefe médico del hospital del IESS de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), en abril del año pasado.

Teodoro Maldonado Carbo
Créditos: Contraloría Ecuador

Antes había explicado cómo funcionaba el mecanismo con el que operaba ahí una red de corrupción que se extendió a otras unidades médicas y que ha perjudicado a más de 3 millones de afiliados en el país. Ellos han visto cómo sus aportes se diluyen en contratos con sobreprecios para la compra de mascarillas o fundas para cadáveres mientras, -en medio de una pandemia por el Covid 19- se pierden vidas por falta de médicos, camas de terapia intensiva, equipos respiradores o medicinas.

En su extenso relato, el cirujano contó que en enero del 2018 el entonces gerente general del HTMC, Luis Jairala Zunino, convocó a todos los jefes de áreas para darles una consigna que sorprendió a los especialistas: «El pedido (de compra de insumos médicos) debe ser por un año y no como antiguamente se hacía, trimestral o cuatrimestral». -Jairala aseguró que se hizo esto porque «no había nada en el hospital y la gente se moría».

Las compras debían sustentarse en los informes de bodega, cuyo encargado -señala la denuncia- los presionaba por la supuesta falta de equipos o fármacos y manipulaba el sistema para que la pantalla refleje un stock ‘cero’ que obligue a los jefes a declarar como emergente la adquisición del producto.

Así, en medio de una supuesta urgencia por desabastecimiento, surgió la figura de los «convenios de pago» amparados en una declaración de emergencia, una especie de contratos directos, pero reservados, que aún hoy no constan en los registros del Servicio de Contratación Pública, Sercop.

Una muestra de 18 de esos convenios, analizados en un informe de la Contraloría General del Estado, por montos de $ 364 mil a $ 999 mil, reflejó un perjuicio por $ 11,9 millones para los afiliados del IESS, en el periodo enero-junio del 2018.

Esta cifra no incluye el perjuicio de $ 20,8 millones por la compra insumos y dispositivos que no se utilizaron, de un total de 19 convenios de pago valorados en $ 26,4 millones. Por ejemplo, el 5 de diciembre del 2017 se compraron insumos de cirugía general por $ 793.535, de los cuales no se usaron $ 603.514 porque se había pedido en exceso. Y, en cambio, una compra de 3.600 dosis de Eritropoyetina, necesaria para pacientes con insuficiencia renal que necesitan aumentar sus glóbulos rojos, se compró a $ 154 cada una, cuando el valor no superaba los $ 12. El sobreprecio alcanzó el 1.384%.

«Se manejaba un sistema de contratación púbica externo: los empleados de planta no hacían nada, luego de su salida entraban ‘ellos’ a asignar los contratos», reveló el jefe de otra área clínica del HTMC que prefirió no exponer su nombre para no sufrir amenazas o agresiones que el año pasado ya enfrentaron médicos como Álex Vivas o el exdirector del hospital, Gregorio Mateo. Al primero lo atacaron en su vehículo y al segundo luego de salir de su consultorio. Ambos habían denunciado corrupción, y Mateo había retirado del hospital a personas ajenas que ejercían actividades en el área de compras públicas del HTMC.

Una de estas personas se presentó en diciembre pasado en el área de Presupuesto para presionar a la coordinadora, W. Ordóñez, por un contrato firmado en la gestión de Fadul Jurado como gerente del HTMC, denunció una auxiliar contable de dicha área.

Luego mi jefa me indicó dijo que tenía que sellar (el contrato) sino me sacaba de hospital.., me seguía presionando para que selle dicho proceso, lo cual terminé sellando debido a la presión y amenazas», dijo la funcionaria que se quejó de represalías posteriores.

El hospital Teodoro Alvarado Carbo, el más grande del IESS en la Costa, tocaba fondo. Media docena de funcionarios médicos del HTMC consultados por este Diario dijeron que en la última década el hospital ha sufrido la injerencia de movimientos políticos como Alianza PAIS, Fuerza Ecuador, (antes Partido Roldosista Ecuatoriano), y de otras tendencias afines al oficialismo.

En el área de contratación del HTMC el personal se repartía funciones específicas, detalló un coordinador médico, entre ellas solicitar proformas a proveedores allegados para fijar el precio referencial del contrato o convenio, invitar a proveedores, la mayoría vinculados entre sí para que el elegido pertenezca al mismo grupo empresarial, y finalmente negociar el contrato.

Las proformas para los convenios de pago, todas, se enviaron desde un correo que no pertenecía al IESS (htmc.compras@gmail.com) y los precios de referencia superaban los valores del mercado, refiere Contraloría, aunque Jairala defiende que no hubo sobreprecios porque las compras no llegaban al «precio techo» fijado por el Ministerio de Salud.

Algunos jefes médicos no están de acuerdo. «De los contratos que yo revisé, siquiera 120 contratos tenían sobreprecio», dijo un galeno a quien se delegó para participar en una etapa de negociación, en la que -asegura- logró descuentos del 30, 40 y hasta el 75%, cuando lo máximo histórico había sido 5%.

Los procesos para los contratos, en cambio, tomaban más tiempo, debían cumplir los requisitos de un concurso y publicarse en el portal web de Contratación Pública. Estas formalidades no impidieron la queja de algunos proveedores que denunciaron direccionamiento de contratos, sobreprecios y la exigencia de coimas para las adjudicaciones.

Uno de ellos, el dueño de empresa dedicada a la fabricación de prótesis, contó su experiencia en uno de los concursos en el 2018: «Aplicamos para ver si ganábamos, pero nos visitaron dos tramitadores de Guayaquil y uno de Quito, para ofrecernos ganar. El precio que se había fijado por unas 100 prótesis era de $ 830 mil, ahí estaba incluida la coima que había que repartir, la mayor parte, al director, y de ahí al resto».

El monto fijado por el hospital, dice el proveedor, superaba el doble del valor real. «Hasta en $ 300 mil podíamos haber hecho las 100 prótesis», dijo el empresario, quien hizo llegar a este diario su oferta por $ 391 mil, rechazada por el hospital, según dice, porque no aceptó pagar la coima.

«Me dijeron que del 70% del anticipo que me daban yo debía pagar una parte de la coima, y del 30% restante la otra parte», recordó este proveedor, quien no ha vuelto a participar. «En el 2019 ni metí los papeles, porque era una pérdida de tiempo». En cambio, se quejó, porque ha recibido a afiliados que lo han buscado para que repare algunas prótesis mal confeccionadas por la contratista elegida por el IESS.

Nota Original: El Universo – LINK