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Los sectores que están abiertos a conversar también llevarían propuestas. FUT y Conaie toman distancia y anuncian medidas.

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El Gobierno mantiene la estrategia del diálogo. Ahora busca establecer conversaciones con todos los sectores para retirar los subsidios de los combustibles. Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, la decisión del Ejecutivo es la focalización, y con los diálogos, buscará el cómo hacerlo. Desde ya hay dos sectores que se autoexcluyeron de las conversaciones.

La decisión del Gobierno se apalanca en sus propias encuestas, que no se han hecho públicas, y en las que dicen que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con la focalización.

Empresarios, trabajadores y transportistas del sector pesado están dispuestos a conversar con el Ejecutivo. Consideran que se hace necesario establecer mecanismos que conlleven a superar la crisis que vive el país. Aunque están conscientes que debe buscarse alternativas que no afecten a las clases más necesitadas.

“Los subsidios tienen que ir dirigidos a los más pobres y tienen que ser temporales, y obviamente focalizados, y lo que se necesita es tener la tecnología adecuada para no afectar al transporte público, al transporte de bienes y de esta manera focalizar el precio y no afectar a sectores más pobres” , dijo a EXPRESO, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón.

Luis Felipe Vizcaíno, titular del transporte pesado del país, también está de acuerdo en que se abra el proceso de diálogo. Señaló a este medio que ellos consideran que se debe mantener el subsidio del diésel, focalizado para lo que es el transporte. Cree que la elevación del diésel traería inflación y afectación directa a la economía de los ecuatorianos.

Otro de los sectores que está abierto a conversar es el Parlamento Laboral. El dirigente Jaime Arciñegas es partidario del diálogo, al que anuncian asistirán con propuestas. “En el tema del diésel hay que profundizar un estudio y determinar el uso que se da en vehículos de alta gama, o en empresas; y en el tema del gas, el Gobierno debería aprovechar las potencialidades de generación hidroeléctrica, y entregar 100 kilovatios a cada familia, sin poner el hasta, para de esta manera establecer un rango e impulsar la inducción”, afirmó a este medio.