Enfatizó la necesidad de que el Plan de Universalización del Alcantarillado, que costará 221 millones de dólares, contemple la descontaminación el afluente que contamina también los ríos Daule y Guayas. Insistió en que en el Guasmo Sur de Guayaquil hay 40 mil viviendas que no cuentan con el sistema de alcantarillado por lo que el Municipio de Guayaquil debería cumplir con la competencia de cuidado ambiental.
Resaltó que el Gobierno recibirá asesoría de técnicos internacionales para recuperar el Estero Salado. Este proceso, insistió, tomaría entre 7 y 12 meses. Sin embargo, dijo que no es aplicable hasta que el Municipio de Guayaquil solucione el tema de las descargas ilegales en el afluente. Reiteró que la contaminación en el Estero tiene como la principal consecuencia el deficiente sistema sanitario y de alcantarillado, responsabilidad de la empresa de aseo del Municipio de Guayaquil e Interagua.
Debido a la contaminación del afluente, el Gobierno anunció acciones legales contra Interagua por delitos ambientales en este espacio, que fue considerado uno de los referentes naturales de Guayaquil y que se ha deteriorado debido a la contaminación del agua por las descargas de los sistemas de alcantarillado de la ciudad y efluentes industriales, la falta de manejo de los desechos sólidos y por los rellenos ilícitos que motivaron a la existencia de asentamientos habitacionales irregulares.
También suspendió las actividades de la Compañía Verdú S.A. y la empresa Pernam S.A. Ecuaglass, ubicadas en la vía a la Costa, en la ciudad de Guayaquil. Estas medidas se tomaron fundamentándose en los principios de prevención y precaución establecidos en la Constitución respecto a los derechos de la naturaleza. El MAE recordó que una vez que las empresas culminen sus procesos de regulación ambiental y resuelvan los incumplimientos identificados se levantará la suspensión.
