La decisión del juez Marco Aurelio Mello se apoya en un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como «tránsito en juzgado», que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
En el caso de Lula, en prisión desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a doce años en segunda instancia, aún restan dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez Mello pudiera beneficiarle, igual que a otros políticos presos por asuntos de corrupción.
Preso desde el 7 de abril del 2018, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.
El expresidente, de 73 años, es investigado en otros cinco procesos ante la justicia brasileña. El icono de la izquierda latinoamericana se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
