María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, socializó en conferencia de prensa, los avances en la investigación emprendida por la Fiscalía General del Estado y la mesa parlamentaria, alrededor de supuestas prácticas irregulares entre la empresa brasileña Odebrecht y el Municipio de Quito, que mantiene un contrato con la constructora, señalada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por presuntamente entregar sobornos en al menos 12 países.
La Titular de la mesa parlamentaria, instó a Mauricio Rodas, alcalde de la capital, a rendir cuentas a los quiteños y quiteñas, pues tras la indagación emprendida por la Fiscalía, Mauro Terán Vásconez, quien desempeñaría la función de asesor político, en la actual administración del Municipio de Quito, estaría involucrado en este caso de corrupción.
Contexto
Según información presentada por Carrión, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió un informe ejecutivo que evidencia el reporte de las operaciones de transacciones económicas financieras, de Mauro Terán, que ascienden a 1 millón 874 mil 439 dólares, comprendido desde 2012 hasta 2016. Sin embargo, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAF), perteneciente a la Fiscalía General del Estado, registra otros movimientos, como depósitos y transferencias recibidas por 6 millones 435 mil 115 dólares, en seis años, entre el 2010 y 2016. Las investigaciones evidencian una diferencia de 4 millones 560 mil 676 dólares. Las entidades bancarias, no declaraban estas transacciones.
El pasado 6 de enero, Nelson Alfredo de la Cadena, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, con competencia en Infracciones Flagrantes, emitió una orden de allanamiento al domicilio de Terán.
Durante la inspección, se encontraron documentos que comprueban ciertas irregularidades que vinculan a Terán con el caso Odebrecht. Según la asambleísta, esta evidencia se contrapone con la versión de Mauricio Rodas, Alcalde de Quito, quien aseguró que Terán desempeñaba funciones de asesor político y no tenía injerencia en la parte administrativa.
María José Carrión, afirmó que entre algunos documentos, se encontraroaron recibos de cheques, uno de entrega de oferta de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (MCO EPMAPS-GT-06-2014), Construcción del Proyecto: extensión redes de agua potable, parroquias Alangasí, Conocoto, Pintag; otro de entrega de oferta de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (MCO EPMAPS-GT-07-2014),Construcción del Proyecto: extensión de redes de agua potable, barrio Miravalle, parroquia La Argelia. También papeles impresos dirigidos al Procurador General del Estado y otros referentes a informes preliminares y de resultados provisionales del examen especial de ingeniería, dentro del proceso de contratación del proyecto Metro de Quito.
También se encuentra la respuesta de los organismos multilaterales de crédito, financistas del proyecto, sobre el convenio aclaratorio en relación al Metro de Quito, Línea 1, Consorcio Acciona Odebrecht.
Según documentación entregada por Carrión, Alexandra Pérez Salazar, accionista, al igual que Mauro Terán, de la compañía INFEDELE S.A., con el 27% del capital social, es la actual gerente general de la Empresa Metropolitana de Quito. Durante comparecencia, la empresaria habría manifestado (foja 210 de la instrucción fiscal) que mantuvo reuniones con Terán, durante sus funciones en el Municipio de Quito, fundamentalmente, en el despacho del Alcalde.
Miguel Dávila Castillo, actual administrador general del Municipio de Quito, durante la comparecencia, según consta en foja 207 de la instrucción fiscal, dijo: «para el normal funcionamiento de la Corporación Municipal hay que tomar medidas de variada índole en los campos financiero, administrativo y otros. Este tipo de medidas las discutíamos con el señor Terán, previamente a presentarlas al señor Alcalde, analizando la viabilidad de que las mismas pudieran ser aprobadas en el Concejo Metropolitano». Según palabras de la legisladora, estas evidencias contradicen las declaraciones de Mauricio Rodas, quien sería su jefe directo.
María José Carrión, indicó que para ejercer el servicio público se requiere ética, por lo cual exige al Alcalde una respuesta. Anunció que la próxima semana, la Comisión convocará a sesión a los representantes del SRI, Superintendencia de Bancos y de la UAF, para continuar con la lucha contra el lavado de activos y movimiento ilegal de fondos.
