En Molobog, las calles de tierra permanecen casi vacías. En las pequeñas casas, levantadas con ladrillo, tampoco se ve gente. Los pocos que aparecen en las chacras o con sus animales prefieren no dar detalles de lo que sucede en este pequeño pueblo de Honorato Vásquez, una parroquia rural de Cañar.
Diario El Comercio llegó al lugar para corroborar los datos de que durante este año ha habido más deportaciones de personas del austro ecuatoriano que quieren entrar a los Estados Unidos de forma irregular.
El primer grupo llegó a finales de marzo, cuando el país ya atravesaba la crisis desatada por el coronavirus. 13 migrantes, entre ellos tres menores, volvieron a Cañar.
Cumplieron la cuarentena en un plantel y se fueron a sus casas. Desde entonces, las deportaciones no han parado y ya superan las estadísticas del 2019.
El año pasado, 933 ecuatorianos volvieron al país. Pero de enero a septiembre de este año suman 1 921. En esa cifra de la Cancillería aún no constan quienes arribaron en los cinco vuelos de octubre.
Con base en los que ya están registrados, las autoridades saben que las personas deportadas son originarias de Cañar, Azuay y Morona Santiago.
Los vecinos conocen que todo se origina porque más pobladores se van al exterior y que los problemas por la pandemia aceleraron la salida.
A inicios se este mes, EL COMERCIO ya alertó de este fenómeno en Chimborazo, en donde la crisis económica animó a más personas de las comunidades de Alausí y Chunchi a arriesgarse por una ruta terrestre para llegar a EE.UU. Los comuneros reportan a los técnicos que sus familiares se fueron al exterior en los últimos cuatro meses.
En el sector Launag, por ejemplo, calculan que 50 personas viajaron a Estados Unidos hasta julio. Quienes llegaron a esa nación contaron que los controles migratorios eran menos fuertes debido a la pandemia.
Para William Murillo, principal de 1800-Migrante, un grupo que ofrece asesoría para migrantes ecuatorianos esa es otra mentira de los coyoteros.
En Molobog, una mujer indica que su sobrino, José, regresó luego de que fuera detenido entre México y EE.UU. Cuenta que al enterarse del retorno fue a recibirlo. Dice que ese día hablaron poco y se emocionó al verlo.
Cuando entró a la casa le contó su periplo. Recordó que para cruzar la frontera estuvo acompañado de cinco azuayos y del coyote mexicano que hacía de guía.
Los pies de su sobrino tenían ampollas y las mejillas se encontraban enrojecidas por el sol. A la tía le narró que en el camino vio a madres con niños en brazos, personas abandonadas y restos humanos.
“Me contó que casi al anochecer del tercer día de caminata llegaron al río Bravo”. Logró cruzar, pero cuando pisó territorio estadounidense fue descubierto por la Policía de Migración.
Pidió que no le arrestaran, que iba a ver sus padres, pero tuvo que regresar. Una cosa similar ha ocurrido con otros ecuatorianos.
En la Cancillería se sabe que el 98% de los deportados son detenidos mientras van sin documentos por los estados fronterizos de Texas, Nuevo México y Arizona. El restante 2% viene tras un proceso judicial por alguna falta o delito.
La tía de José sabe que la falta de trabajo a raíz de la pandemia y los escasos ingresos empujan a los jóvenes a migrar. David Romero, presidente de la Junta Parroquial de Honorato Vásquez, también asegura aquello.
En Chorocopte, la situación no es diferente. Este Diario estuvo allí. Durante la pandemia, 22 jóvenes de entre 20 y 28 años partieron de esta parroquia del Cañar.
20 llegaron y dos fueron detenidos, pero no se sabe si fueron liberados o serán deportados. Wilson Encalada, presidente de la Junta Parroquial de Chorocopte, cuenta que los migrantes corren todos los riesgos, porque “están cansados del desempleo y la pobreza”.
Quienes han vuelto cuentan que llegan esposados de pies y manos. Cuando abren las puertas del avión -generalmente en el aeropuerto de Guayaquil- son liberados y recibidos por personal de Cancillería.
Fallecidos en la travesía
Durante la pandemia, ocho migrantes ecuatorianos que intentaban llegar de forma irregular a los Estados Unidos fallecieron. Seis hombres se ahogaron en el río Bravo y dos mujeres perdieron la vida en el desierto de Nuevo México.
Las últimas son una madre de 37 años, oriunda del cantón azuayo de Paute; y una joven de 20 años. Ella era de Huamboya, una zona de Morona.
Ambas se desmayaron y murieron deshidratadas en el desierto. Ocurrió en agosto pasado y con una semana de diferencia. Eso dijeron los familiares al Consulado de Queens.
Hoy se sabe que la joven, de 20 años, iba con cuatro compatriotas. Habían caminado nueve horas bajo un sol sofocante y no tenían agua.
Tras desmayarse la dejaron debajo de un árbol. Al no tener información de la chica, los familiares que viven en los Estados Unidos presionaron al coyote.
Tras engaños, recién a los cuatro días les contó la verdad y proporcionó las coordenadas de donde quedó la joven. Íngrid Ordóñez, coordinadora de la zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores, cree que si reportaban enseguida esta emergencia, pudo haberse salvado, como ha ocurrido en otros casos.
En sus archivos consta el caso de un adolescente que en mayo fue abandonado en el desierto, porque estaba enfermo. Desde su celular, el menor envió las coordenadas a su padre -que vive en Estados Unidos– y con la ayuda del personal que trabaja en el Consulado de México lo encontraron con vida.
Tras recuperarse se quedó en este último país y dijo que intentaría cruzar otra vez. “Son cosas que uno no entiende”, señala Ordóñez.
Pero no todos corren con esa suerte. Una azuaya, su pareja y dos amigos caminaron nueve horas solo con un litro de agua. Ella se desmayó y el esposo, para salvarle la vida, llamó al servicio 911.
Paramédicos llegaron al sitio, le dieron los primeros auxilios y falleció en el trayecto al hospital. Esa información consta en el trámite de repatriación de Relaciones Exteriores. Este año, 20 solicitudes de repatriaciones ingresaron a este Ministerio.
12 cuerpos ya llegaron al país y los ocho están en trámites. La institución cubre los gastos en el caso de familias que viven en extrema pobreza. Una repatriación cuesta de USD 7 000 a 10 000.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
