Theresa May cantó victoria y Jean Claude Juncker, a su lado, se ha encargado de advertir de que ha llegado al límite en su esfuerzo por arrancar nuevas concesiones a la UE. “No habrá una tercera negociación”, ha dicho el presidente de la Comisión Europea, antes de que la primera ministra de Reino Unido asegurara desde Estrasburgo que había obtenido los mecanismos legalmente vinculantes que le exigió la Cámara de los Comunes para poder aprobar su plan del Brexit. El diablo, como siempre, está en los detalles, y los diputados de la oposición acogieron con escepticismo el anuncio de última hora.
Theresa May ha trabajado los últimos días con un mandato muy claro del Parlamento: debía cambiar los términos acordados con Bruselas respecto al backstop, la llamada salvaguarda irlandesa, si quería obtener el respaldo de la Cámara a su plan del Brexit, que ya fue estrepitosamente derrotado en una primera ocasión el pasado 15 de enero.
La salvaguarda, una especie de garantía impuesta por la UE en el Acuerdo de Retirada firmado con Londres, establece que el Reino Unido permanecerá dentro de la unión aduanera durante los casi dos años del periodo de transición, a partir del próximo 29 de marzo. Si durante ese plazo no se lograra negociar una relación futura definitiva entre los dos bloques, Irlanda del Norte permanecería dentro de territorio aduanero europeo y de su mercado interior.
Era el modo de garantizar que no volvería a imponerse una “frontera dura” entre las dos Irlandas que pusiera en peligro la paz alcanzada después del Acuerdo de Viernes Santo. La hipotética ruptura de la integridad territorial del Reino Unido, temida por los socios norirlandeses del DUP que sostienen a May, y la amenaza de que el Reino Unido se viera atrapado en una trampa permanente, aborrecida por los euroescépticos conservadores, se convirtieron en el principal escollo para sacar adelante el plan en Westminster.
“Hemos acordado un instrumento conjunto con fuerza legal comparable a la del propio Acuerdo de Retirada que garantiza que la UE no podrá actuar con la intención de aplicar de modo permanente el backstop. Si así fuera, el Reino Unido activaría el mecanismo de arbitraje para suspender la salvaguarda irlandesa”, ha explicado May desde la sala de prensa del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se ha reunido de urgencia con Juncker a última hora de la noche de ayer lunes.
May ha explicado además que ambas partes se han comprometido a trabajar desde el minuto uno de las negociaciones sobre la relación comercial futura en las llamadas “soluciones alternativas” al backstop que le exigió el Parlamento británico a la primera ministra, con el compromiso de que estén diseñadas en diciembre de 2020.
Pero sobre todo, May ha puesto énfasis en anunciar que el Reino Unido realizará una “declaración unilateral que establezca que si el backstop se llega a aplicar y se rompen las negociaciones sobre nuestra relación futura, sin posibilidad de acuerdo, será la posición de nuestro país instigar aquellas medidas que acaben desactivando este mecanismo”.
Con apenas unas horas de tiempo para que los diputados británicos puedan estudiar todos los acuerdos alcanzados a última hora con la UE, antes de la nueva votación comprometida para hoy sobre el plan del Brexit, son muchas las dudas que han comenzado a surgir.
En primer lugar, recuerdan desde la oposición laborista y desde las filas euroescépticas, el texto en sí del Acuerdo de Retirada no se ha modificado. El abogado general del Estado, Geoffrey Cox, protagonista de las negociaciones de los últimos días, deberá explicar hoy mismo a los parlamentarios su análisis legal de los acuerdos adoptados.
En segundo lugar, el “instrumento conjunto” al que hizo referencia May habla de “intermediación” para resolver diferencias, pero la primera ministra no excluyó en su declaración que los tribunales europeos no tuvieran también algo que decir al respecto. Y en tercer lugar, recaerá también en Cox el convencer a sus compañeros de filas parlamentarias de que la “declaración unilateral” anunciada como novedad por la primera ministra tiene de hecho la rotundidad legal que May quiso darle en sus palabras.
Fuente: El País – Nota Original: LINK
