A la sesión virtual no asistieron los vocales Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero.
Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo fueron censurados y destituidos mediante un cuestionado proceso de juicio político. Pero una medida cautelar concedida por un juez constitucional echó abajo esta resolución y continuaron en funciones.
Los consejeros decidieron, además, enviar un comunicado a dicho juez constitucional informándole del incumplimiento de Saquicela para que inicie el trámite de la sanción respectiva. Y emitir una nota de solidaridad a la Función Judicial por la decisión tomada semanas atrás por la Asamblea en la que indicó que no acataría ninguna decisión judicial que, a su criterio, interfiera con sus funciones.
En una primera convocatoria para el pasado 24 de noviembre, Saquicela llamó a los ciudadanos Carlos Figueroa, Karina Ponce, Mónica Moreira y Jaime Chugchilán para posesionarlos como consejeros, lo cual no se concretó. Luego citó para la noche de este 27 de noviembre a los ciudadanos Gina Aguilar, Aland Molestina, Olindo Nastacuaz y Joba Fon Fay; esta última falleció en el 2020.
En el debate, Ulloa exhortó a Saquicela a respetar tanto al Consejo de Participación Ciudadana como a la justicia. Y que se deben esperar las resoluciones de esta última respecto a las acciones constitucionales presentadas. “No puede pasarse sobre mi cabeza, estamos de igual a igual”, señaló.
Agregó que con estas acciones desde la Función Legislativa “se pretende meter la mano a los concursos” de las autoridades de control.
Bravo indicó, en tanto, que el incumplimiento de la decisión de una autoridad legítima es sancionado penalmente. “Le recuerdo al presidente de la Asamblea y a los asambleístas que todos estamos cobijados bajo el manto de la Constitución y la ley, son servidores públicos, tenemos que cumplir decisiones de la autoridad legítima, gústenos o no”, indicó.
Antes, los cuatro consejeros aprobaron una resolución por la cual se abstuvo de conocer la renuncia de Chugchilán. Alegaron que al no haberse posesionado como integrantes del organismo, es al Consejo Nacional Electoral (CNE) al que le corresponde aceptarla ya que él sigue siendo un candidato.
Los consejeros coincidieron en que la Asamblea estaría cometiendo una nueva ilegalidad al posesionar a Olindo Nastacuaz porque “él no ganó las elecciones”, y que no es posible que, por tomarse la elección de autoridades, Saquicela quiera “imponerlo”.
El pleno aprobó, asimismo, plantear una denuncia penal contra los consejeros Sofía Almeida y David Rosero por arrogación de funciones. Esto porque pidieron al área administrativa detener una serie de decisiones internas cuando se conoció sobre la destitución de sus colegas. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
