El funcionario aclaró que la empresa nunca estuvo activa por lo que solo quedó en el papel. Sin embargo la disolvió en consonancia con el pacto ético propuesto por el presidente Rafael Correa.
El Primer Mandatario ha planteado una consulta popular para prohibir que los funcionarios públicos y las autoridades de elección popular tengan empresas en paraísos fiscales.
La prohibición entraría en vigencia un año después de aprobada la consulta. Actualmente la iniciativa es estudiada por la Corte Constitucional.
Si se acepta, el plebiscito se efectuaría el mismo día de las elecciones generales.
