Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador, no acudió este martes 7 de mayo a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión dentro de la investigación por el delito de peculado en el denominado caso Singue. Se trata de la tercera llamada que le hizo la Fiscalía, por lo que corresponderá solicitar la intervención de la fuerza pública para que comparezca en una próxima convocatoria.
Sin embargo eso no ocurriría porque el exfuncionario ya salió del país, según dijo Paúl Ocaña, abogado de José Burgos, uno de los 10 procesados en este caso. Según el jurista, la Fiscalía trató de ubicar a Merizalde, e inclusive mediante una llamada telefónica al hermano del exgerente, pero nadie sabe dónde se encuentra. Merizalde estuvo al frente de quienes integraban la Comisión de Negociación del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de petróleo crudo en el bloque Singue.
“De hecho, él es quien firmó un documento que avalaba a las personas que estaban dentro de la Comisión”, explicó Ocaña. A la cita fallida de este martes 7 de mayo llegaron abogados de otros procesados, entre ellos Esteban Ballesteros, defensa de Wilson Pastor, exministro de Hidrocarburos; y Pedro Crespo, abogado de Lorena Espinoza, quien evitó dar declaraciones públicas.
Entre los procesados en este caso están el exvicepresidente Jorge Glas; Carlos Pareja Yannuzzelli, exviceministro de Hidrocarburos; y Wilson Pastor, exministro de Recursos Naturales. Además, los exfuncionarios públicos Lorena Espinoza, Julio Cárdenas, Milton Jiménez, José Burgos, Alfredo Herrera, René de Mora y Aníbal Cazar.
La Fiscalía analiza un delito ocurrido en 2012 cuando el Ministerio de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de petróleo crudo en el campo Singue.
El pasado 26 de abril, la Fiscalía pidió al Ministerio del Interior que remitiera los movimientos migratorios de Pedro Merizalde, como parte de la instrucción fiscal iniciada por presunto peculado en este caso. Asimismo, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) los movimientos financieros, tanto en el país como en el exterior, de los 10 procesados, entre 2010 y 2017.
También demandó del Servicio de Rentas Internas (SRI) un análisis tributario de todos los implicados y de las empresas del Consorcio DGC y Gente Oil. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), solicitó el registro de empleados de las dos compañías. La etapa de instrucción fiscal terminará a mediados de junio y luego la Fiscalía decidirá si acusa y pide llamar o no a juicio a los implicados.
Entre 2016 y 2017 el exgerente de la estatal petrolera fue investigado por lavado de activos y perjurio. Aquello después de las revelaciones de los Panamá Papers, cuando se conoció que Pedro Merizalde era dueño de la compañía Horgan Investments en Panamá. El funcionario ocultó esa información sobre su patrimonio en la declaración juramentada de bienes, por lo que la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
