A través de su abogado, uno de los 16 militares investigados por el caso de los cuatro menores desaparecidos de las Malvinas busca que el juez que lleva la causa se inhiba.
El militar adujo que la desaparición forzada es un delito contra la humanidad que es competencia de la Unidad Especializada contra Corrupción y Crimen Organizado que tiene sede en Quito.
Dennis Ugalde, juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, es quien lleva este caso.
Dentro de su escrito, el militar indica que el juez no es competente para conocer esta causa.
El juez rechazó el pedido de inhibición. Pero el militar volvió a solicitar una aclaración al pronunciamiento.
La audiencia de formulación de cargos en contra de los 16 militares investigados será el próximo 31 de diciembre, a las 10:00, en la Unidad Judicial Penal Sur, en Guayaquil.
En esa diligencia se espera que el fiscal del caso, Christian Farez, formule cargos en contra de los servidores militares.
El pasado martes 24, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos en contra de 16 militares implicados en una investigación por desaparición forzada.
Sin embargo, de confirmarse que los cuerpos corresponden a los menores, el caso podría tener un giro del tipo penal por el delito de ejecución extrajudicial, detalló Abraham Aguirre, integrante del área jurídica del CDH, que acompaña en asesoría legal a las familias.
El mismo 24 de diciembre, en paralelo, el Ministerio de Defensa dispuso custodia militar para los uniformados y su traslado hacia la autoridad competente en caso de así requerirse.
Desde el 8 de diciembre anterior, los menores permanecen en calidad de desaparecidos tras ser abordados por una patrulla militar y ser abandonados en la zona de Taura, en el cantón Naranjal.
Este caso ha despertado la inquietud de organismos internacionales. La Oficina de ONU Derechos Humanos para América del Sur (Acnudh) y la oficina regional de Unicef para América Latina y el Caribe manifestaron su profunda preocupación y su solidaridad con las familias de cuatro niños de entre 11 y 15 años, víctimas de presunta desaparición forzada, en medio de un operativo militar en Guayaquil.
Los organismos hacen un llamado a que el Estado ecuatoriano agote todos los mecanismos a su alcance para investigar los hechos de manera exhaustiva, ágil e imparcial de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de encontrar a los niños y reintegrarlos con sus familias inmediatamente.
“Al haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Deben garantizar que siempre que un adolescente sea detenido, pueda acceder al sistema de justicia juvenil especializado. La desaparición forzada y detención ilegal de niños, niñas y adolescentes no es justificable en ninguna circunstancia”, indicaron los organismos.
ONU Derechos Humanos y Unicef indicaron que continuarán brindando asistencia técnica al Estado ecuatoriano para prevenir y atender situaciones de posibles afectaciones de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Fuente: El Universo – Nota original
