En la mesa legislativa de la Comisión de Biodiversidad, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, precisó que en Yutzupino, personas y organizaciones realizan actividades mineras sin contar con los permisos correspondientes. “Se ha verificado minería en las parroquias de Tena, Puerto Napo, Tálag, Pano y Carlos Julio Arosemena Tola y que a fines de octubre de 2021 se incrementó la minería ilegal en Yutzupino y Carlos Julio Arosemana Tola; en Napo existen 52 concesiones mineras de diversa índole en régimen general y 85 concesiones artesanales, de las cuales solo 12 tienen licencia ambiental, 26 están en etapa de regularización y 14 no inician trámites”, aseguró.
Además, sugirió que entre las reformas a la Ley de Minería se incorporen regulaciones estrictas para controlar el uso del mercurio en la explotación del oro, que tiene impactos letales en los seres humanos; se incluyan disposiciones que permitan el decomiso y remate de retroescavadoras y otras herramientas usadas en minería ilegal.
De su lado, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo informó que como ente rector de la minería ha colaborado en todas las tareas, para el combate a la minería ilegal. Ratificó que se suspenderá toda actividad minera en la provincia de Napo hasta subsanar el problema.
Mientras, el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique dijo que junto al Ministerio de Gobierno trabajan en la confiscación de maquinaria y equipos utilizados en las actividades ilícitas.
El Subsecretario de Calidad del Ministerio de Ambiente, José Antonio Dávalos precisó que existen concesiones mineras que nunca intentaron regularizarse, por lo que presentaron la respectiva denuncia en la Fiscalía para que investigue presuntos delitos ambientales. Señaló que en el sector de Yutzupino, del cantón Tena, hay 22 puntos de minería ilegal que están controlados desde el 13 de febrero de 2022.
La viceministra de Transporte y Obras Públicas, Carolina Ormaza detalló el proceso de inscripción, matriculación, registro de equipos y maquinaria con la que posiblemente realizarían estas actividades. Expresó que en 2021 se registraron 284 máquinas y 11 adicionales este año, que son objeto de las comprobaciones necesarias.
El director de la Agencia de Regulación, Jaime Cepeda indicó que la venta de combustibles está sujeta a controles en Napo, en donde no se debe rebasar la venta de 1.200 galones. Indicó que la Dirección Distrital Napo en el 2021 realizó 12 procesos administrativos que implicaron decomisos de maquinaria que se venía usando en la minería ilegal.
La Fiscal de la Nación, Diana Salazar advirtió que la corrupción se da en todo nivel. Mencionó que su labor tiene nudos críticos que corresponden a la influencia del Consejo de la Judicatura cuyos jueces entorpecen el trabajo de la Fiscalía y favorecen actividades ilícitas.
En cambio, Carlos Cabrera, comandante General de Policía informó que en el operativo en la zona de Yutzupino en Napo participan 1.563 efectivos policiales y militares desde la madrugada del 12 de febrero. Vamos a neutralizar e inutilizar la maquinaria que se usa para la actividad minera ilegal, precisó.
Previo a la comparecencia de los ministros, los parlamentarios escucharon a actores de la sociedad civil. José Moreno, representante del Colectivo “Napo ama la vida”, dijo que el territorio de Tálag está concesionado a diferentes empresas mineras que ponen en riesgo la cuenca alta del río Napo y en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola se han comprometido zonas de captación de agua, poniendo en riesgo a las comunidades.
Por su parte, Sandra Rueda, presidenta de la Red de Mujeres Amazónicas de la provincia de Napo, recordó que en varias ocasiones presentaron acciones de protección por vulneración de derechos constitucionalidades de pueblos, nacionalidades y la naturaleza. Andrés Rojas, defensor de los derechos de la naturaleza, exhortó a los ministerios que ejerzan mayores controles para evitar la destrucción de la naturaleza. Por su parte Wilson Ligui, presidente del GAD parroquial de Tálag, pidió que no se autorice minería en este sector porque es netamente turístico.
En cambio, Rocío Cerda, presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas de Napo; Armando Cerda, vicepresidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Napo; Senaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, dijeron no estar de acuerdo con las actividades mineras petroleras y mineras que destruyen la naturaleza, los territorios de pueblos y nacionalidades y contaminan el agua. Pidieron titulación de tierras ancestrales, que las maquinarias incautadas pasen a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan realizar obras en beneficio de los habitantes.
El presidente de la comisión, Washington Varela pidió a las autoridades que no dejen en la impunidad las agresiones y violaciones a los derechos de la naturaleza. Llamó la atención a la Agencia de Regulación y Control del Energía y Recursos Naturales no Renovables por no realizar un control eficiente de los combustibles en Napo.
Entre otros aspectos, los comisionados con 9 votos resolvieron solicitar a las autoridades ministeriales y de las Fuerzas Armadas mantengan la militarización en las zonas afectadas por la minería ilegal; que la Comisión Especial para el Control de la Minería realice una sesión en territorio; y, la mesa legislativa visite los territorios afectados para verificar la problemática ambiental y social, producto de actividades ilegales.
