«¿Piensa que el legislador (Daniel) Mendoza es inocente de lo que se le acusa en esta Comisión, que él no ha cometido la causal de destitución?», fue una de las preguntas que debió responder el miércoles 1 de julio del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante asambleístas.
«Eso no me corresponde decidir a mí», respondió la funcionaria. «La Comisión que es parte del Legislativo está valorando si el señor asambleísta ha cometido alguna infracción sobre su propia ley», añadió.
La pregunta fue formulada por Héctor Yépez, de Creo, quien junto a Xavier Casanova (AP) y Ronny Aleaga (RC), lleva adelante un proceso de investigación a Mendoza, excoordinador del bloque AP-aliados, por supuesta gestión de fondos públicos.
Romo insistió en que el Ejecutivo no ha permitido injerencias de ningún legislador en el manejo de los recursos. Aunque reconoció que sí ha recibido recomendaciones de perfiles para el nombramiento de alguno de los 2 700 cargos de libre nombramiento y remoción, la Secretaria de Estado negó que fuera a cambio de votos en el Parlamento.
«He recibido nombres que los asambleístas sugieren como buenos perfiles y también he recibido quejas que muchos asambleístas sugieren como malos funcionarios. Muchas veces eso hace parte de la conversación, eso también me lo dicen alcaldes o ministros», dijo.
En este punto tuvo un roce con la correísta Verónica Guevara, una de las dos asambleístas que impulsa el proceso contra Mendoza y que recibió a la Secretaria de Estado con un pliego de preguntas.
«Me ratifico en eso (de que legisladores sugieran nombres para cargos públicos) y probablemente ese fue el mecanismo como su esposo, al inicio del Gobierno, fue designado Subsecretario de Agricultura si es que no estoy equivocada», argumentó Romo.
La asambleísta Guevara replicó que se divorció hace 11 años. Ella también le pidió cuentas sobre supuestas escuchas a opositores, algo que Romo señaló que solo puede darse por una orden judicial.
Romo dijo que los contactos que tuvo con Mendoza no fueron distintos a los que mantiene a diario con otros legisladores, o alcaldes del país. Además el legislador presidía la Comisión de Régimen Económico.
En el caso de la designación de Tito Nilton Mendoza como Gobernador de Manabí, la Ministra aseveró que su perfil fue analizado antes de que en la Asamblea se presentara un juicio político en su contra, que terminó en el archivo.
Romo aclaró que él no es familiar del legislador investigado y tampoco su recomendado. A su vez, negó un «reparto» de hospitales y dijo que en ningún diálogo se incluyó el nombramiento de funcionarios para el área de salud.
La Ministra puntualizó que ninguna bancada le entregó una carpeta para designar a cargos como el que ocupaba René Tamayo Silva como director del Servicio de contratación de obras públicas (Secop).
Tanto Tamayo como Mendoza están detenidos para investigaciones para una supuesta trama de corrupción sobre el contrato para la construcción de un hospital en Pedernales, Manabí.
Acotó que si un funcionario comete una irregularidad, corresponde a la justicia sancionarle y que en el Gobierno «no hay complicidad ni homenajes», y aludió al anterior Régimen, lo que fue rechazado por Aleaga.
Inscripción de movimiento
La Comisión Multipartidista también recibió la comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien negó que este organismo «en tiempo récord de 15 días» inscribiera al movimiento Amigo, del asambleísta Daniel Mendoza. «En realidad fueron 685 días», precisó.
Atamaint rechazó que se vincule la calificación de esta organización política al hecho de que la alterna de Mendoza, Pinuccia Colamarco, votara por el archivo del juicio político que el bloque de Creo formuló en su contra a inicios de este año.
La funcionaria enfatizó que ni Mendoza es el presidente de ese movimiento ni tampoco su asesor, Jean Carlos Benavides, sea el secretario ejecutivo.
Sin embargo, matizó que no es labor del CNE «investigar que quienes participan en una organización política son familiares, amigos, cónyuges porque no es un impedimento legal«.
Sobre el hecho de una posible falsificación de firmas para la inscripción del movimiento Amigo, Atamaint puntualizó que la denuncia deberá ser presentada en la Fiscalía, pues el Código de la Democracia no le faculta actuar al CNE cuando un partido ya está inscrito.
Para hoy también estuvo programada la comparecencia de la fiscal General, Diana Salazar, pero ella se excusó. La Comisión prevé recibir, a las 14:30, a Mendoza mediante videoconferencia desde la cárcel 4 de Quito, donde está detenido.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
