El ministro de Finanzas, Richard Martínez, sería llevado a juicio político por incumplimiento de funciones al no observar la prohibición de recortes presupuestarios a las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas, durante el estado de excepción.
El proceso de interpelación lo motivará la Comisión de Educación según la resolución aprobada por doce legisladores, y será por un supuesto incumplimiento de sus funciones establecidas en el numeral 2 del artículo 162 y 355 de la Constitución; el artículo 33 de la Ley de Educación Superior y 20 de la Ley de Educación Intercultural, en razón de los recortes presupuestarios para el sector salud.
La resolución fue adoptada luego de que el ministro Martínez, no asistió ni se excusó de comparecer ante la comisión que esperaba explicaciones respecto a las motivaciones constitucionales y legales que llevó a recortar el presupuesto de las Universidades en un monto que superaría los USD 98 millones.
Los legisladores rechazaron también la inasistencia de la ministra de Educación, Monserrat Creamer, a quien la comisión le requirió información sobre recortes de recursos a los centros educativos públicos.
Por ello, en la resolución los doce asambleístas rechazan el recorte presupuestario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a las asignaciones del Sistema Nacional de Educación que han provocado la desvinculación de docentes y personal administrativo, disminución en las escalas remunerativas así como la suspensión del financiamiento de los proyectos como el de bachillerato internacional, alfabetización y pos alfabetización.
En la sesión de la comisión los rectores de la Universidad Católica, Fernando Ponce y de la Flacso, Juan Ponce, denunciaron que este recorte afecta a las universidades cofinanciadas con USD 4.7 millones, lo cual se traduce en la reducción de becas estudiantiles a los estudiantes con menos recursos. Además, se señaló que existen retrasos en las transferencias desde el año anterior, que asfixia al sistema universitario.
Galo Naranjo, presidente de la Asamblea de Universidades del país, señaló que cuando las universidades estaban aportando con investigación, ciencia y tecnología para localizar enfermos de COVID-19, así como poniendo a disposición del público los laboratorios, se encuentran con la sorpresa de un recorte presupuestario.
Dijo que la acción del Ministro de Finanzas violenta la autonomía universitaria que es académica, administrativa y financiera; “no pueden desde fuera meterle la mano a la gestión que realizan las comunidades universitarias en cada provincia del país, pues en esta emergencia nos han visto con los médicos, internos rotativos, enfermeras y estudiantes de pos grado, en primer a línea, buscando como aportar para el problema del COVID-19”, resaltó.
Se han presentado más de cien proyectos de investigación e innovación relacionados con esta pandemia para tratar de buscar reactivación económica, comentó.
Reclamó que las universidades desde el 24 de abril han enviado comunicaciones al Ministerio de Finanzas, pero que no han merecido ninguna respuesta; entonces, cómo se va establecer un diálogo y fomentar salidas útiles en medio de la solidaridad, reclamó.
Según los legisladores los recortes presupuestarios tendrán como resultado el cierre de carreras, dificultades para garantizar el acceso de los nuevos bachilleres al sistema de educación superior y sobre todo la imposibilidad de garantizar la calidad de educación universitaria.
En el documento aprobado, los asambleístas expresan su solidaridad con todos los centros de cuidado diario, centros de desarrollo infantil, escuelas, colegios, institutos técnicos y tecnológicos, universidades y escuelas politécnicas tanto públicas, particulares y confinanciadas, así como a sus docentes, autoridades y estudiantes.
Fuente: El Universo-Nota Original: LINK
