El secretario de Movilidad indicó que los funcionarios no son agentes civiles de tránsito, sino fiscalizadores y que son trabajadores que fueron contratados en anteriores administraciones.
“Nosotros no vamos a permitir un solo acto de corrupción o mal uso de los bienes o fondos públicos, en este caso somos muy claros, hemos pedido que se aplique toda la fuerza de la ley para que estos funcionarios sean destituidos en caso de que sean hallados culpables”, concluyó Tapia.
El Secretario enfatizó que el deber del Municipio de Quito es velar por el correcto desempeño de todos los funcionarios, y bajo esa consigna, se aplicarán con el máximo rigor las sanciones tipificadas en la Ley Orgánica de Servicio Público, así como ser el caso en el Código Orgánico Integral Penal.
