Seis funcionarios del Municipio del cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, fueron desvinculados por presuntas irregularidades en la compra de prendas de bioseguridad por la emergencia sanitaria. El hecho ocurrió este jueves 4 de junio.
La medida fue tomada por el alcalde de este cantón, William Naranjo, con el propósito de que no interfieran en las investigaciones dispuestas por la Contraloría General del Estado.
La denuncia fue presentada, esta semana, por el representante de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos de Cotopaxi, Héctor Tapia. Según él, en el Cabildo supuestamente se compraron mascarillas en USD 4,50 cuando en el mercado se encuentra a USD 2,80 y hasta USD 3 por unidad.
También mandiles que cuestan USD 20 se adquirieron en USD 32 cada uno. En un boletín de prensa difundido este jueves 4 de junio, por el Municipio se detalla que, en la sesión del Concejo Cantonal del miércoles 3 de junio, el alcalde Naranjo dijo a los ediles que: «Jamás permitirá que se hagan a sus espaldas cosas que están fuera de la ley».
Además, que la decisión de desvincular a los funcionarios fue dura pero necesaria, debido a que es importante que los exfuncionarios se mantengan al margen de los procesos investigativos y así evitar una posible manipulación de los documentos que reposan en el Palacio Municipal.
“Los funcionarios que fueron despedidos tienen el deber de presentarse cuando sea necesario, por ello les pido que si necesitan de su presencia me lo hagan saber para que sean convocados y respondan a sus dudas o presenten documentos”, mencionó Naranjo a los concejales.
El texto señala que “una vez que termine el proceso de fiscalización y la Contraloría emita el informe del examen especial se determinará si existieron sobreprecios en la compra de insumos y si hubo o no participación de las personas desvinculadas».
El Alcalde también solicitó a la Dirección Provincial de la Contraloría que se audite otros seis procesos de compras. Mientras que desde la Dirección Financiera se informó que aún no se ha cancelado “ni un solo centavo” por los contratos cuestionados.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
