En NotiMundo A La Carta, Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), afirmó que el mecanismo del veto parcial mixto del presidente Guillermo Lasso, a la Ley de Comunicación, es una medida que moviliza a la Asamblea y a la Corte Constitucional (CC) y que plantea a la ciudadanía un debate de una normativa que no es de periodistas ni de medios, sino que es de libertad de expresión.

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El director de la AEDEP, Francisco Rocha, aseguró que en el bloque de observaciones que el Ejecutivo envió a la CC, está “la parte más grotesca de la ley que aprobó la Asamblea”. No obstante, para Rocha, el legislativo no va a alcanzar los 92 votos que se requieren para ratificarse en el texto pero tampoco existirán los necesarios para allanarse al veto.

En este sentido, Rocha explicó que el veto planteado por el Primer Mandatario podría entre en vigencia, una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, “ahí encontremos que sí, que esta es una salida que nos permita resguardar la libertad de expresión”, dijo Rocha para quien no es necesaria una Ley de Comunicación ni una que promueva la libertad de expresión.

Además, Rocha condenó que en esta normativa se busque penalizar la opinión. “Si en el Ecuador se aplica la Ley de Transparencia, en eso podemos trabajar como medios y periodistas”, sentenció.

Rol de la Defensoría del Pueblo en la Ley de Comunicación  

En relación al tan cuestionado rol de la Defensoría del Pueblo, Rocha se sumó a quienes opinan que, con la normativa aprobada por la Asamblea, se la quiera convertir en un ente regulatorio. “La distorsión de la Defensoría del Pueblo es una manipulación de la ley para poder reinstalar lo que fue en su momento la Superintendencia de Comunicación”, precisó Rocha.

Finalmente, Rocha señaló que en ningún caso un medio de comunicación debe ser censurado pues este debe tener la responsabilidad de actuar profesionalmente. “Si aprovechamos la ley de libertad de expresión para ponerle límites a esta, para que tengamos una verdad y una narrativa solo de quien ejerce el poder; es una limitación gravísima al derecho humano de la libertad de expresión”, recalcó.

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