El Pleno de la Asamblea Nacional efectuará mañana el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos. La norma, que fue remitida con carácter de urgente en materia económica, no tiene fines recaudatorios. Con la finalidad de propiciar un escenario de desarrollo económico, el cuerpo legal cubrirá a tres secciones del mercado: medicina prepagada, transporte e importación. El pasado viernes 19 de agosto, el presidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista televisiva explicó que el beneficio se extiende a los trabajadores, conductores profesionales y población en general.
Sobre el estímulo para la medicina prepagada y seguros privados, explicó que el beneficio es en doble vía. Al tiempo que se quiere incrementar la cobertura de estos servicios en favor de los trabajadores, la atención en el sistema público de salud se descongestionará, tanto en la red de hospitales y centros médicos del Ministerio del ramo, como en los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Para establecer el impuesto a la renta, se otorgan porcentajes de deducción de gastos, dependiendo del tamaño de la empresa, siempre que el servicio sea para todos los colaboradores.
Del documento enviado por la función Ejecutiva (el 8 de agosto pasado), la Comisión de Régimen Económico no hizo modificaciones, pero sí planteó varias observaciones en el informe para primer debate. En medicina prepagada, por ejemplo, recomienda que los mecanismos de control supervisen que las empresas privadas sean corresponsables con el beneficio que podrían recibir al aumentarse potencialmente el número de afiliados. Según cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), aproximadamente 400.000 nuevos clientes se sumarían a los seguros privados.
El director ejecutivo de la Cámara de Pequeña Empresa de Pichincha (Capeipi), Christian Cisneros, pidió flexibilización para que la afiliación de trabajadores de las pymes sea gradual. Con la transportación pública y comercial, en cambio, el proyecto de ley hace dos precisiones. Por un lado, excluye el valor de las unidades de transporte para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Por otra parte incluye en la exoneración del impuesto a la propiedad de vehículos a los automotores de propiedad de operadores de transporte público y de taxis.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), a través de su director ejecutivo, Roberto Aspiazu, solicitó incluir a más sectores productivos, especialmente en lo relacionado con el anticipo del impuesto a la renta. Pero el presidente Correa respondió que se lo hará “siempre que se justifique”. Al respecto, la Comisión legislativa plantea profundizar el tema durante la discusión en el Pleno de la Asamblea y en las sesiones de la Comisión de Régimen Económico, previas al informe para segundo debate. Finalmente, con la redefinición del precio exaduana, que sirve como base imponible para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a los consumos especiales (ICE), el Estado satisface una inquietud de la Unión Europea (UE). Correa confirmó que el pedido es parte del acuerdo comercial que Ecuador espera concretar antes de terminar el año.
Esta decisión es recibida con beneplácito por el organismo conformado por 28 países. Para el representante de la delegación de la UE en Ecuador, Peter Schwaiger, aquello demuestra la “actitud positiva” de Ecuador. La aclaración del precio exaduana no necesariamente cambiará el precio de los productos. En eso concuerdan Leonardo Orlando, director del SRI, y Felipe Cordovez, presidente de la Asociación de Importadores de Licores, quienes consideran que de existir una variación de valores, sería una reducción mínima.
