La defensa a la consolidación de la deuda pública, aplicada en octubre del 2016 por parte del expresidente Rafael Correa (a través del Decreto 1218), quedó sin piso tras las últimas publicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ente multilateral indica que Ecuador estaba usando una metodología “no estándar” para el cálculo.

La dolarización cumple 19 años - Shutterstock

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se hace un lado de la metodología que el Gobierno ecuatoriano usa para contabilizar la deuda pública y asegura que emplea procedimientos “no estándar” para calcular la cifra.

El organismo multilateral publicó en estos días sus Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés). En el informe, que contiene las previsiones de deuda pública de Ecuador, el FMI estima que la deuda sobrepasó el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016.

En ese año, la deuda llegó a $ 42.273 millones, equivalente al 42,8 % del PIB (ver gráfico).

En el último reporte que publicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se señala que la deuda consolidada, que no incluye cifras de deuda interna, es $ 35.709 millones. La metodología se aplica desde 2016, a través del Decreto 1218, cuestionado por un examen de Contraloría.

El FMI sostiene que los últimos datos reales son de 2016 y añade que las autoridades ecuatorianas han adoptado una metodología de contabilidad no estándar para fines presupuestarios. El personal del FMI no usa esta metodología.

La definición de deuda del FMI incluye preventas petroleras, certificados del tesoro (Cetes), préstamos al Banco Central del Ecuador (BCE) y atrasos internos que están excluidos de la definición oficial de deuda.

El Fondo añade que el límite de deuda del 40 % del PIB se aplica solo a la definición oficial de deuda.

Los datos del FMI coinciden con el examen especial que Contraloría realizó a la deuda pública entre 2012 y 2016. El organismo también determinó que se sobrepasó el 40 % del PIB a finales de 2016.

Además, Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa, exministros de Finanzas, subsecretarios de financiamiento, directores de financiamiento y coordinador jurídico del MEF.