En esta ocasión se trata de un examen especial en el cual se determinó que la empresa Marzam Cía. Ltda. (cuyo accionista es el funcionario) estaba inhabilitada para contratar con la estatal EP Petroecuador. Según el estudio, entre el 3 de enero del 2011 y 31 de agosto del 2017 ambas partes suscribieron seis contratos y una renovación. El ente de control concluyó en el examen especial DNA6-0055-2018 que no se realizó un análisis de las personas naturales o jurídicas que pueden celebrar contratos con el Estado.
Los contratos fueron destinados para el servicio de transporte marítimo de hidrocarburos por 26’474.453 (más IVA). En ellos se comprobó, con base a la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, que Zambrano es accionista de Marzam y de la naviera Marnizam desde el 2011.
También es propietario su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. Aunque Marzam fue calificada por la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador en 2001 para prestar servicios marítimos, las autoridades de la estatal petrolera, como subgerentes comerciales, gerentes de asesoría jurídica y procuradores en esos años, no verificaron si dicho oferente estaba habilitado para celebrar contratos con el Estado. Incluso, los funcionarios implicados en esos años reconocieron -según reza en el informe- que Marzam “cumplió aspectos legales, técnicos y económicos requeridos”.
