El nuevo desembolso es un alivio para las arcas fiscales, pero su registro genera un conflicto. Para Finanzas, se trata de una operación comercial y no una de endeudamiento.
Sin embargo, el informe de Contraloría, publicado el 9 de abril, dispuso que los recursos por las 13 preventas, realizadas por el Gobierno anterior desde el 2009, así como las nuevas que realizara de ser el caso, deben registrarse como deuda pública.
Desde el 2009, el país comprometió la venta de una parte de su petróleo a cambio de créditos y anticipos por USD 18 170 millones con tres empresas asiáticas, a diferentes plazos y tasas. Según el presupuesto para el 2018, el Gobierno espera recibir USD 695 millones por concepto de preventas.
Pero tendrá que pagar USD 1 126 millones a los prestamistas. Hasta el cierre de esta edición Finanzas y Petroecuador no confirmaron si el desembolso de USD 400 millones corresponde a una nueva operación de preventa o a un pago por un contrato celebrado durante el anterior Régimen.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, explica que todos los recursos que el país recibe como endeudamiento deben constar en la cuenta del presupuesto de “financiamiento público”. Carrera añade que con la disposición de Contraloría, los recursos de la cuenta de ventas anticipadas deberían trasladarse a la de financiamiento.
