El artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que entre las funciones que le corresponde cumplir al presidente de la CNJ está conocer y resolver los asuntos de extradición, con arreglo a los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado.
«Brevemente hemos hecho diagnósticos y hay algunos problemas en el ámbito de los convenios internacionales que incluso son prácticamente de una data muy antigua, que no nos ayudan a ser eficaces, y de otra parte incluso problemas de orden legal», explicó sobre el tema de extradiciones el presidente de la Corte Nacional, quien asumió sus funciones la mañana del lunes último.
Serán también parte de las funciones de Saquicela el representar a la Función Judicial, representación que no deberá entenderse como la representación legal, que le corresponde a la presidenta del Consejo de la Judicatura; elaborar la agenda, convocar y presidir el pleno de la CNJ; poner en consideración del pleno, para su resolución, las consultas formuladas por los jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas; conceder licencia hasta por ocho días a los jueces y demás servidores de la Corte Nacional; y demás asuntos que establezca la ley.
Saquicela, quien fue electo el viernes último con un voto unánime como presidente del máximo órgano de justicia ordinaria del país, destacó que la presidencia de la Corte Nacional sí ha estado trabajando en los temas de extradición, al referirse, especialmente, al último período de tres años en el que estuvo al frente de la institución Paulina Aguirre.
Cifras entregadas en la rendición de cuentas de la CNJ, de enero último, señalan que la jueza Aguirre, en calidad de presidenta de la Corte, entre enero de 2018 y enero del 2021, tramitó un total de 204 extradiciones y consiguió la extradición de 28 prófugos de la justicia ecuatoriana, por ejemplo, de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia (Senain), que era requerido por ser uno de los autores del plagio del activista político Fernando Balda en Colombia, en 2012.
Sobre el tema de convenios internacionales muy antiguos y problemas de orden legal que afectarían para alcanzar las extradiciones, Saquicela afirma que tratarán de construir una propuesta, incluso de orden legal, para ser más eficaces en lo que respecta a las extradiciones. «Una vez asuma el despacho y tenga absoluta claridad de cuáles son todos los procesos de extradición, inmediatamente nos pondremos a trabajar en estricto derecho sobre los mismos».
La presidencia de Saquicela deberá conocer temas de extradición recientes, como el relacionado al caso Sobornos 2012-2016, en el que fueron sentenciadas 20 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa, quien radica en Bélgica desde el 2017, o el plagio de Balda, en el que el exmandatario también fue llamado a juicio, pero esa etapa se encuentra suspendida porque el delito de plagio no puede ser juzgado en ausencia.
También deberá conocer casos antiguos de extradición, como el existente en Estados Unidos contra el expresidente Jamil Mahuad; los tres expedientes contra Pedro Delgado, primo del exmandatario Correa y expresidente del Directorio del Banco Central; el expediente de extradición que existe contra el excontralor Carlos Pólit, sentenciado por el delito de concusión; o el caso de extradición que existe contra los hermanos Roberto y William Isaías Dasum, enviado a Estados Unidos por el delito de peculado.
Nota Original: El Universo – LINK
