Roberto Aspiazu señaló que si bien hay necesidad de dar mayor transparencia a estos procesos de adjudicación de frecuencias, desde este Observatorio tienen sus reservas porque los Organismos que se ocupan de llevar adelante el proceso «no son independientes del poder político y finalmente responden a la estructura piramidal del poder del Ejecutivo».
Aspiazu comentó, además, que entre las razones para monitorear y supervisar el concurso que lleva adelante el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y la Agencia de Regulación de Control de las Telecomunicaciones están las presiones que se puedan ejercer desde el más alto nivel político a los organismos que otorgarán las frecuencias y la negativa de entregar información sobre el concurso. “No tenemos conocimiento cabal de quiénes están concursando para cada una de las frecuencias, y lo que sucederá con frecuencias que están en manos de organismos críticos e independientes del poder”, dijo.
Asimismo, expresó que los reglamentos que regulan el concurso abren espacio a la discrecionalidad. En este sentido, afirmó que los procesos de puntuación no son suficientemente transparentes y finalmente quedará al buen juicio de los burócratas la entrega de las frecuencias. “La adjudicación no está teniendo la transparencia que nosotros quisiéramos”, detalló.
De su lado, Paulina Mogrovejo señaló que el concurso para la adjudicación de frecuencias es completamente transparente, y de hecho, dijo, Arcotel ha enviado a los concursantes un listado de quienes y qué frecuencias están participando. Sin embargo, aclaró que es importante considerar que se deben proteger los datos personales de los ciudadanos que están participando, quienes están siendo evaluados en una fase de admisibilidad. “La Constitución reconoce ciertos derechos personales que deben ser protegidos”, enfatizó.
Mogrovejo destacó, también, que es la primera vez que en el país se lleva adelante un concurso abierto para la adjudicación de frecuencias que busca democratizar la comunicación en Ecuador, donde más del 90 % de los medios de comunicación están en manos privadas. “Nueve de cada 10 medios están en manos privadas, y lo que estamos haciendo con este proceso es dar mayor posibilidad a los medios comunitarios”, anunció.
Mientras tanto, César Ricaurte mencionó que la transparencia del concurso ha quedado en un enunciado y en el reglamento, porque «en los hechos ARCOTEL ha impedido el ingreso de observadores» y ha negado la documentación sobre el concurso. “48 días después de cerrar la presentación de las diferentes ofertas, no sabemos quiénes están concursando y sobre qué frecuencias”, expresó.
Sobre la protección de los datos personales de los concursantes, reiteró que cuando un ciudadano participa en un concurso público está haciendo una renuncia tácita de esa protección de su información personal. “Este concurso tiene una alto interés público, y los ciudadanos tenemos el derecho de saber quiénes están concursando”, dijo el vocero de Fundamedios, quien afirmó que el concurso de adjudicación es válido y lo correcto. Pero desde los organismos encargados no se lo está llevando adelante con transparencia.
