Más de la mitad del dinero público destinado a la Secretaría de Inteligencia(Senain) es secreto. Solo en el 2017, este organismo ejecutó un presupuesto de $ 50,8 millones, de los cuales el 84,3 % se destinó a gastos especiales; es decir, en los términos de su normativa, “a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional”.
De acuerdo con la rendición de cuentas de la Senain, el año pasado se asignaron a gastos especiales (también llamados gastos reservados) $ 42,8 millones; mientras que para los pagos corrientes, $ 7,9 millones.
Desde su creación, en junio del 2009, esta Secretaría fue cuestionada, especialmente, por opositores de la administración de Rafael Correa, por llevar a cabo supuestas tareas y estrategias de espionaje, intimidación y persecución a políticos, periodistas e, incluso, a funcionarios del Gobierno.
Una de las tareas financiadas con gastos especiales fue la Comisión del 30-S (2013-2014), presidida por Carlos Baca Mancheno, que actualmente se desempeña como fiscal general.
El pago a beneficiarios y contrataciones realizados con estos fondos han estado blindados por la reserva que le otorga la Ley de Seguridad Pública, que dispone que la Senain solo puede rendir cuentas, de manera reservada, al Ejecutivo y cada tres meses a la Asamblea Nacional y a la Contraloría.
