En Ecuador, actualmente, la Asamblea Legislativa, con mayoría del oficialista movimiento Alianza PAIS, emprende una serie de acciones para investigar “con la mayor celeridad” las responsabilidades en los casos de presunta corrupción que se hayan registrado desde la operación de Odebrecht en Ecuador, en 1987. Entre estas, se resolvió tramitar un juicio político al contralor, Carlos Pólit.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación desarrolla una investigación sobre el tema y ha ejecutado varios operativos. El titular de esa función del Estado, Carlos Baca, ha viajado por dos ocasiones a Brasil, junto con un equipo de trabajo, para recabar información sobre el tema.
La Fiscalía firmó un Acuerdo de Cooperación Eficaz con Odebrecht para obtener información de manera exclusiva sobre el entramado de corrupción. Se trata de un acuerdo en materia penal que permite acceder a todas las evidencias, documentos y demás datos de corroboración para llevar a la justicia a quienes intervinieron en este caso de corrupción transnacional.
Baca precisó que “de ninguna manera y bajo ningún concepto este convenio de cooperación concede inmunidad a ninguna persona”.
En tanto, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente, Jorge Glas, han ofrecido todo el apoyo a la justicia y la garantía de que esta actúe con independencia en el caso.
Historia de Odebrecht en Ecuador
La empresa brasileña Odebrecht llegó al Ecuador con un sistema de contratación ligado a préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES).
Su primer acercamiento fue en el gobierno de León Febres-Cordero, en 1985, para construir el Trasvase a Santa Elena.
Desde su arribo existen 30 contratos firmados por la constructora extranjera e instituciones públicas del Ecuador, de ese número 14 están registrados en el Servicio de Contratación Pública, es decir se firmaron 14 en el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 – 2017. El resto, 16, se firmaron en gobiernos anteriores.
La Comisión auditora de la deuda externa, conformada en el gobierno de Correa, detectó irregularidades en cuatro contratos firmados antes de 2008. Estos son: el contrato para la construcción del trasvase Daule-Santa Elena, en el gobierno de Febres-Cordero; para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco; para la construcción de la vía Interoceánica, y para el trasvase La Esperanza.
Fuente: El Telégrafo
