El bloque de Alianza País (AP) y aliados en la Asamblea todavía no tiene una nueva coordinación, a una semana de la renuncia de Ximena Peña.
A los desencuentros que generó la terna vicepresidencial se suman anuncios de desafiliaciones, de los cuales dos ya se concretaron en Pichincha.
En lo que va de este mes, la segunda vicepresidenta de esta organización política, Elizabeth Cabezas, y María José Carrión, dos de las asambleístas más visibles, formalizaron su desvinculación de la lista 35, tras expresar su desacuerdo con el manejo al interior del movimiento oficialista.
Aunque ambas señalan que no se pasarán al lado de la oposición, y que votarán de modo independiente, esto provoca que el bloque de AP-aliados se reduzca a 36 legisladores.
Carrión se desafilió el 3 de julio, y cuatro días después lo hizo Cabezas. En los últimos cuatro meses, la lista 35 ha perdido a medio centenar de afiliados solo en Pichincha.
Los asambleístas Fausto Terán, Karina Arteaga y Lenín Plaza, entre otros 10 asambleístas, sopesan igual decisión. Si el bloque del oficialismo pierde siete asambleístas más, dejará de ser la primera fuerza política en el Parlamento, y se ubicará en el segundo lugar, detrás del correísmo, que mantiene una votación orgánica de sus 30 integrantes.
“El escenario va a seguir siendo bien cambiante. Las condiciones que se están ventilando dentro de la Asamblea pueden generar también más desgranes. Numéricamente (el correísmo) podría quedar como la primera fuerza pero eso todavía es prematuro decirlo”, manifestó Cabezas.
El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), atribuye la situación que atraviesa la bancada a la cercanía de los comicios del 2021.
En agosto se darán las elecciones primarias de las organizaciones políticas y empiezan los cálculos. “Estos últimos 10 meses el reto es que, en el marco de un escenario preelectoral, los intereses políticos individuales que podrían tener los integrantes de AP no afecten el normal procesamiento de los proyectos legislativos”, sostiene.
La designación de María Alejandra Muñoz como vicepresidenta fue la última votación en la que afloraron las discrepancias en el oficialismo, al punto de que César Litardo y otros 12 legisladores no votaron por ella o terminaron absteniéndose.
“Cada asambleísta evaluó la terna presentada por el Presidente de la República y hubo una gran variedad de posturas, unos rechazaban la terna y otros apoyaban a alguno de los perfiles presentados. Es parte de la libertad de ejercer su voto, incluso al interior de un bloque”, dijo Litardo.
La intención del Presidente de la Asamblea era que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien encabezaba la terna, ocupara la segunda magistratura.
Pero esta posición desencadenó en la renuncia de Ximena Peña a la coordinación y el bloque. Los legisladores de AP aún no se reúnen para designar a su reemplazo.
“Yo no estoy diciendo que el movimiento Alianza País debe irse en contra del Gobierno y sumarse a una agenda de desestabilización, no estoy proponiendo eso. Lo que he propuesto es que el movimiento pueda deslindarse de aquellas decisiones que no han sido consultadas”, dijo Peña.
Litardo apuesta por mantener la gobernabilidad de la Asamblea con base “al irrestricto respeto de los procesos parlamentarios a la Constitución y la Ley”.
Desde el correísmo, Esteban Melo, uno de sus integrantes, manifestó que se maneja una agenda propositiva de leyes y para que se transparente la gestión del Gobierno y se responda a los ecuatorianos por los escándalos de corrupción.
Sin embargo, otros como Pabel Muñoz o Marcela Aguiñaga tienen fuertes críticas para Litardo. “Él aprovecha las sesiones virtuales para no avanzar en los debates y cubrir las espaldas a sus amigos. Tiene maniatado al Legislativo con su pésimo manejo de las sesiones del Pleno”, señaló.
Además de la reducción de curules, el oficialismo tampoco cuenta con la mayoría que permitió a Litardo asumir la Presidencia de la Asamblea hace más de un año.
Entre sus aliados estaban los 18 asambleístas de Creo y 11 del Bloque de Integración Nacional (BIN). También los 8 del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), que están siendo investigados tras la divulgación de un audio de su excoordinador, Eliseo Azuero, y Daniel Mendoza, excoordinador de AP-aliados, sobre supuestos repartos. Para Wilma Andrade, del BIN, “solo una agenda consensuada evitará que la Revolución Ciudadana imponga la suya” en este escenario.
“La gobernabilidad de la Asamblea está dada en la medida en la que escuche las demandas ciudadanas y se comprometa a ejercer su labor lejos de los cálculos electorales”. El parlamentario Luis Pachala, de Creo, en cambio, sostiene que “es una ventaja que la Asamblea esté atomizada”, pues a su juicio sirve para profundizar los debates.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
