La interpelación al excontralor Carlos Pólit, que terminó con su censura, definiría el camino que debe seguir el pedido de juicio político presentado con 59 firmas, hace una semana, en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glas.
Esa es la lectura de los sectores de oposición como CREO-SUMA, Partido Social Cristiano y la bancada de Integración Nacional, que agrupa a las minorías. En tanto que el oficialismo insiste que no hay argumentos legales para llevar a Glas a una interpelación.
Roberto Gómez (CREO-SUMA), quien firmó la solicitud de juicio contra Glas, señaló que gran parte de los fundamentos que expuso Alianza PAIS en el juicio político al excontralor marcaron “un contundente precedente para el juicio político a Glas”.
Esa tesis la sostiene Gómez al leer parte del informe elaborado por la Comisión de Fiscalización en el que señala: “El juicio político encarna una dimensión moral, por la que la Asamblea debe tener en cuenta que no todo lo que en la práctica es legal es necesariamente moral o políticamente correcto. Dicho de otra forma, existen conductas que, si bien no han logrado violar ninguna normativa legal u operan desde una aparente legalidad, desde el ámbito moral, social y político, son altamente reprochables y sancionables”.
Manifestó que la tarea del Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe centrarse en revisar si se cumplió con los requisitos; y “tan cumplidos estamos que en el juicio al excontralor, la asambleísta Viviana Bonilla (AP) exhibió una de las pruebas de un juicio sentenciado por cohecho en los sectores estratégicos. Ella demostró que presentamos la prueba, y a quien le toca valorarla es a la Corte Constitucional y no al CAL”, enfatizó.
