Las fuerzas políticas opositoras al Gobierno retiraron las firmas de respaldo a las solicitudes de juicio político en contra de tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, con el propósito de acelerar los procesos en contra de los secretarios del presidente Daniel Noboa, entre ellos, la canciller Gabriela Sommerfeld, por la incursión en la Embajada de México en Quito.
Asambleístas de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano de manera sincronizada comenzaron a retirar las firmas para dejar sin apoyos a las solicitudes de juicio en contra del exsecretario de la Administración Pública y Gabinete Presidencial Sebastián Corral, la exsecretaria de la Senescyt Andrea Montalvo Chedraui y con el exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena. De esa forma invalidan la solicitud y esta no se procesa en la mesa de fiscalización.
En este proceso también el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, procedió a retirar la firma en una de las tres solicitudes de interpelación.
En paralelo, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, convocó para este lunes 1 de julio a las 09:00 a una sesión virtual para conocer la documentación difundida por la presidencia de la mesa del 29 de junio de 2024, que tiene relación con las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto de tres solicitudes de juicio político pendientes en contra de Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena.
La Constitución de la República en el artículo 131 determina que para proceder al enjuiciamiento político se debe contar con el respaldo de firmas de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, esto es, 35 firmas.
En el artículo 81 de la ley orgánica de la Función Legislativa se determina que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional antes de dar inicio al proceso verificará si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución, esto es, si reúne las 35 firmas de respaldo, caso contrario archivará la solicitud.
Sobre el retiro de firmas a los juicios políticos ya existen precedentes y se presentaron en el anterior periodo legislativo cuando se intentó enjuiciar políticamente al exprocurador del Estado Íñigo Salvador. También hay el fallo de un juez de garantías que se pronunció ante un pedido del exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez, en el que se señaló que si no se cumplen formalidades, no se podía continuar con el proceso de juicio político.
Según lo establecido entre los correístas y socialcristianos, los acuerdos son acelerar los juicios políticos en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia, que fueron presentados el pasado 7 de abril y que están en lista de espera una vez que se evacuen las solicitudes en contra de los exministros Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena.
Una vez archivados los tres juicios políticos, por falta de firmas de respaldo, la Comisión de Fiscalización empezará de forma inmediata a conocer el juicio contra la canciller Gabriela Sommerfeld, que lo impulsó la asambleísta de Pichincha Jhajaira Urresta, con 43 firmas de respaldo.
La ministra está acusada de incumplimiento de funciones por los hechos registrados el 5 de abril de 2024, cuando un grupo de militares y policías, denominados “el bloque de seguridad”, ingresó a la Embajada de México en Ecuador, ubicada en el norte de la ciudad de Quito, en horas de la noche. Con esa acción, según la acusación, el Estado ecuatoriano violó una serie de normas constitucionales, legales y de tratados internacionales, siendo responsable de velar por su cumplimiento, entre otras autoridades, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, señala el expediente.
Juicio a Sebastián Corral
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC), en marzo pasado con 41 firmas de respaldo, oficializó el pedido de juicio político en contra de Sebastián Corral Bustamante, exsecretario general de la Administración Pública y Gabinete Presidencial, por supuesto incumplimiento sistemático de funciones al ocupar el cargo en el gobierno de Guillermo Lasso, cuando ostentaba la calidad de accionista y directivo activo de las empresas de comunicación Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil.
La solicitud la realizó la legisladora Patricia Núñez (RC), con el apoyo de 41 firmas, a las que se suma la firma del legislador nacional Lucio Gutiérrez (PSP).
Tres meses después, 26 legisladores de la misma bancada Revolución Ciudadana, entre el 28 y 29 de junio, notificaron a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), su decisión de retirar las firmas de respaldo. En cada solicitud se escribe lo mismo su decisión de retirar la firma de respaldo, no dan más explicaciones.
Juicio a Andrea Montalvo
La asambleísta María Fernanda Araujo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), el pasado 7 de abril oficializó el pedido de juicio político en contra de la exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) Andrea Montalvo, por supuesto incumplimiento de funciones en los procesos de admisión en las universidades públicas del país.
Este juicio político fue presentado con el respaldo de 35 firmas, y las acusaciones tienen relación con incumplimiento de funciones en la gestión y ejecución del cronograma de admisión a institutos y a conservatorios públicos. También fue responsabilizada con la celebración de un convenio de pago derivado de sus omisiones, causando erogaciones económicas y contingentes legales a la institución.
En este proceso de juicio político, en el fin de semana se retiraron cuatro firmas de respaldo que corresponden a los asambleístas del Partido Social Cristiano: Henry Kronfle, Jorge Acaiturri, Roberto Cerda y Andy Achi.
Juicio a Pablo Arosemena
El juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena fue presentado por la asambleísta Inés Alarcón, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). El pedido también se presentó con 35 firmas.
El exministro del gobierno de Guillermo Lasso está acusado de incumplir funciones por supuestas omisiones en el manejo de la caja fiscal y falta de transparencia en las cifras de las finanzas públicas.
También está acusado de realizar la transferencia de $ 75 millones del Fondo Común Amazónico al Ministerio de Finanzas; por la falta de pago a los municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales.
De este proceso se retiraron al menos seis apoyos que corresponden a legisladores de la Revolución Ciudadana, antes Construye, Partido Social Cristiano y Gente Buena.
Fuente: El Universo
